La consejera de Políticas Sociales y Salud Pública de Melilla, Randa Mohamed, ha asegurado que la Ciudad Autónoma cumple con las exigencias establecidas en el real decreto aprobado por el Gobierno central para la distribución de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas, en un contexto marcado por la presión migratoria y el debate sobre la reforma del sistema de acogida.
La responsable del área ha respaldado así la postura del Ejecutivo melillense respecto a la aplicación de esta normativa, subrayando que la ciudad se ajusta a los criterios fijados para el reparto de menores. En la misma línea, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha incidido en que el decreto “es de obligado cumplimiento” para todas las comunidades y ciudades autónomas, dejando claro que su aplicación no está sujeta a interpretaciones.
Las declaraciones se producen en un momento en el que el Gobierno central analiza la continuidad de este mecanismo de distribución. En concreto, se ha planteado la posibilidad de prorrogar la medida durante un año más, una decisión sobre la que el Ejecutivo local ha evitado pronunciarse. Imbroda ha señalado que se trata de una cuestión que compete exclusivamente a la administración estatal, declinando hacer valoraciones al respecto.
En cuanto a los datos de gestión, según la información trasladada en el marco de la coordinación institucional, se han iniciado 167 expedientes de traslado de menores desde Melilla. De ellos, 66 corresponden a menores que llegaron a la ciudad antes de la declaración de la contingencia migratoria, cuyo procedimiento es más lento, mientras que otros 101 se tramitan mediante un sistema más ágil conocido como “mecanismo exprés”.
A pesar de estos datos, tanto Mohamed como Imbroda han reconocido la dificultad de ofrecer una cifra exacta y actualizada del número de menores trasladados, debido a que se trata de un proceso dinámico que se revisa y actualiza de forma constante. En este sentido, el presidente melillense apuntó que semanas atrás existían varios expedientes en tramitación para la salida de menores desde la ciudad, lo que evidencia la evolución continua del sistema.
El reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas se enmarca en un debate más amplio sobre la capacidad de respuesta del sistema de acogida en España. En este contexto, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, defendió recientemente en Melilla la reforma de la Ley de Extranjería como una herramienta clave para mejorar la gestión de estos menores y reforzar la cooperación entre territorios.
Durante su visita, Torres puso el foco en la necesidad de dotar al sistema de mayor seguridad jurídica y de mecanismos que permitan una respuesta más coordinada ante situaciones de presión migratoria, especialmente en territorios fronterizos como Melilla. Esta línea de actuación busca consolidar un modelo de acogida compartida entre comunidades autónomas que garantice una distribución más equilibrada de los recursos y responsabilidades.
En paralelo, otras comunidades como Canarias han insistido en la importancia de mantener este sistema y resolver las dudas jurídicas existentes para asegurar su continuidad, lo que refleja la relevancia del debate a nivel nacional y la necesidad de avanzar en soluciones coordinadas.
