El pasado mes de octubre de 2024 salió un concurso de traslados de los servicios periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En él se valoraron los méritos y se comunicaron las puntuaciones provisionales.
En teoría cada concursante sólo podía acceder a sus puntuaciones por la intranet de la secretaria, ya que en dicho listado aparecen datos de carácter personal. Sin embargo, algunos aspirantes han expresado sus quejas por el hecho de que, “de forma misteriosa”, existe un WhatsApp -al que ha tenido acceso El Faro- que recoge el nombre de todos los solicitantes con sus datos personales y puntuaciones provisionales.
Uno de los nombres que aparece en ese listado lleva en Melilla desde 2017. Según ha contado, el problema, más allá de lo que pueda pasar con los demás, es que aparecen sus datos y que lo van a identificar “sin ningún género de dudas”. Esta persona ha apuntado que incluso algún trabajador se plantea ir a los tribunales de justicia ordinarios.
Tal como señala la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en uno de los apartados del artículo 5, sobre el deber de confidencialidad, “los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679.
Este artículo, concretamente, establece que “los datos personales serán tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas (“integridad y confidencialidad”).
