Queja ante el Defensor del Pueblo por considerar humillante el nuevo protocolo de recogida de orina a militares

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha elevado una queja formal ante el Defensor del Pueblo y ha iniciado un procedimiento administrativo con el objetivo de frenar la aplicación de un nuevo protocolo implantado por la Inspección General de Sanidad de la Defensa. Se trata de la Instrucción Técnica 01/2025, de 29 de julio, que impone que las muestras de orina en los reconocimientos médicos del personal militar se tomen bajo observación visual directa por parte de un testigo.

Según establece la instrucción, durante el proceso de micción el testigo “deberá estar presente durante la emisión de la orina, asegurándose la vista de la salida de la muestra del cuerpo de la persona que realiza la micción, sin ninguna obstrucción”. ATME considera que esta medida vulnera derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española y en las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, además de constituir un acto profundamente humillante y degradante para los militares afectados.

La asociación recuerda que ya presentó alegaciones formales al proyecto normativo cuando fue sometido a trámite por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, aquellas observaciones fueron ignoradas y ni siquiera obtuvieron respuesta por parte del Ministerio de Defensa.

En opinión de ATME, el nuevo procedimiento rompe con el principio de dignidad personal que debe regir cualquier actuación administrativa, especialmente en el ámbito sanitario. “Ser militar no puede suponer la renuncia a los derechos constitucionales más básicos”, denuncia la organización, que acusa a Defensa de adoptar una postura “autoritaria” que perjudica la moral y la imagen de quienes sirven en las Fuerzas Armadas.

Uno de los argumentos clave que plantea la asociación es el trato diferenciado respecto a otros colectivos del ámbito público. ATME señala que ni policías nacionales, ni guardias civiles, ni funcionarios penitenciarios o jueces están sometidos a una medida tan invasiva durante sus reconocimientos médicos, a pesar de que todos ellos ocupan puestos de gran responsabilidad. “Se trata de un agravio comparativo que refuerza la idea de que el militar debe soportar condiciones que ningún otro servidor público aceptaría”, explican.

Además, la asociación critica que la medida presupone una actitud de deslealtad o de intención de manipular los controles, lo que genera un clima de sospecha injustificado sobre todo el colectivo. En ese sentido, aseguran que el procedimiento no solo atenta contra la intimidad, sino que también erosiona la confianza institucional y envía un mensaje negativo sobre cómo se valora al personal militar desde las altas esferas del Ministerio.

Desde ATME se insiste en que no existe ninguna justificación técnica, médica ni jurídica que ampare este tipo de control visual directo. La organización subraya que es perfectamente posible establecer mecanismos eficaces de prevención y detección de consumo de sustancias sin recurrir a prácticas que rozan el trato vejatorio.

Por todo ello, han solicitado al Defensor del Pueblo que actúe con urgencia para impedir la aplicación de esta instrucción, y han anunciado que no descartan recurrir también a instancias judiciales si el Ministerio de Defensa no rectifica. La asociación se compromete a continuar su labor en defensa de los derechos del personal de tropa y marinería, tanto en los despachos como en los tribunales y en la esfera pública.

“Nuestra misión es proteger no solo la operatividad del Ejército, sino también la dignidad de quienes lo integran. Y esta medida la vulnera frontalmente”, concluye la asociación en su nota.