El Jugado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla acordó ayer, miércoles, la puesta en libertad de las cinco personas detenidas elpasado miércoles en el marco de la operación desplegada en esta ciudad por la presunta comisión de los delitos de fraude en la contratación, prevaricación, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal, según han señaladon fuentes judiciales.
En ese sentido cabe destacar que la juez instructora decretó para dos de los investigados la obligación de comparecer los días 2 y 16 de cada mes en sede judicial, la prohibición de salir del territorio nacional y la retirada de los pasaportes. El resto quedaron en libertad con cargos pero sin medidas cautelares.
Una sexta investigada, esposa de uno de los hombres detenidos, directora general de la Ciudad Autónoma, compareció en calidad de investigada pero no fue detenida por la policía.
Entre las personas que ya se encuentran en libertad figura, asimismo, el director general de Deportes, Alfonso Gómez "Sito" y un empresario que, según otras fuentes, es primo del que fuera consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, Mohamed Ahmed Al-Lal. Este individuo maneja dos empresas en Melilla, ambas relacionadas con la prestación de todo tipo de servicios, entre ellos el sector de la construcción.
Las fuentes de El Faro han indicado igualmente que a lo largo de esta tarde, a partir de las cuatro, serán puestos a disposición judicial el resto de los detenidos. En esa tanda estaría incluido el empresario arrestado en su casa del barrio del Hipódromo y que, siempre según nuestras fuentes, fue el responsable de traer a Melilla los conciertos de Morad y de Kiko y Shara, además de haber llevado la organización del Green Festival en 2022, que se celebró en el Parque Forestal.
Todo parece indicar que a lo largo de esta jornada puede producirse un parón en las entradas y registros, así como en nuevas detenciones relacionadas con la investigación de los delitos de organización o grupo criminal, fraude en contratos públicos, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de fondos que lleva a cabo el juzgado de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción.
El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de Melilla investiga los delitos que permitieron crear una supuesta trama dedicada a la compra de votos para las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023.