La sede del PSOE en Melilla amaneció la mañana de ayer con una enorme pintada en su persiana para manifestar que los socialistas “no tienen honor”. Habrá muchas personas que así lo crean pero nadie tiene derecho alguno para atacar de esa forma los locales de una organización política que, guste más o guste menos, representa a varios miles de melillenses en la Asamblea y a millones de españoles en las Cortes Generales.
Todo ciudadano de este país puede manifestar libremente sus opiniones, siempre dentro de los límites constitucionalmente establecidos y que pasan por el derecho al honor y a la imagen. Sin embargo, hay cuestiones que no pueden tolerarse por la sociedad, como es el caso del acto vandálico en la puerta del PSOE. La protesta siempre puede ser legítima, pero jamás debe traspasar la línea de lo pacífico y democrático.
Hace menos de una semana, los ciudadanos salieron a la calle para expresar su oposición a la ley de amnistía y a favor de la igualdad de todos los españoles. Fue una protesta tranquila, con apenas unas consignas contra Puigdemont y al término de la misma, todo el mundo abandonó la Plaza Menéndez Pelayo sin más. No hubo ni el más mínimo atisbo de sobresalto. Y así es como debe de ser ahora y siempre.
Es bueno que prácticamente todas las organizaciones políticas, del PP a Somos Melilla, pasando por Vox y CpM, hayan condenado esa acción. Eso dice mucho y bueno de la salud democrática de Melilla. Nadie habría entendido tampoco otra cosa porque ese tipo de hechos merecen la recriminación y la repulsa de todos los demócratas, sea la sede del PSOE o de cualquier otro partido.
Es cierto que la ley de amnistía que defienden los socialistas ha soliviantado a buena parte de la sociedad. Hay muchísima gente que no comprende ni comparte que por siete votos y para que Pedro Sánchez pudiera permanecer en la Moncloa, el PSOE haya echado por tierra su trayectoria a favor de la Constitución y de la igualdad entre españoles, siendo como es una organización que construyó la base de nuestro sistema y contribuyó de una forma decisiva al gran pacto de la Transición que se hizo en 1978.
Los propios socialistas históricos, como el expresidente Felipe González, el exvicepresidente Alfonso Guerra, entre otros, se han mostrado decididamente críticos con los acuerdos fraguados en Waterloo con un prófugo de la Justicia y son varios los dirigentes de los años 80 y 90 que incluso han renunciado a seguir su militancia en el PSOE. Se puede entender que haya malestar y que éste salga a la calle en forma de manifestaciones o concentraciones pero la violencia nunca, jamás, estará justificada, como tampoco los actos incívicos.
Hacer lo que han hecho en la sede del PSOE de Melilla solo da argumentos a los que acusan de fascistas a los manifestantes, a los que los señalan con el dedo como si fueran el mismísimo satanás y afirman que no supieron perder el Gobierno aún ganando las elecciones de julio pasado.
