El grupo popular en el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta, presentó el pasado viernes una proposición de ley para volver al antiguo sistema del 50% de la bonificación de las cuotas patronales a la Seguridad Social, derogado por el Gobierno mediante un Real Decreto que entró en vigor el 1 de septiembre de este año 2023.
Los populares ya anunciaron esta medida semana atrás y en el propio texto de la proposición de ley deja claro que la intención de su postura es intentar “corregir los efectos negativos y la inseguridad jurídica que la aplicación del nuevo Real Decreto estaba provocando en el sector empresarial y de los trabajadores”, tras haber constatado que el nuevo sistema, impuesto desde el 1 de septiembre “es desconocido y eminentemente más perjudicial, del que estaba en vigor, para el sector productivo de ambas ciudades”.
En el preámbulo de la proposición de ley, el PP también argumenta que todas las advertencias hechas por parte de las organizaciones empresariales y formaciones políticas de las dos ciudades, “se ha traducido en un agravio que, lejos de solucionar el problema de fondo, lo ha enquistado, dando lugar a una ralentización en las contrataciones y, por tanto, produciendo el efecto contrario al objetivo de la ley, que era el mantenimiento del empleo existente y la generación de nuevos puestos de trabajo, con las consiguientes consecuencias que todo ello está suponiendo para el sector empresarial y los nuevos trabajadores en las ciudades afectadas”, señala.
Los populares tienen claro que lo que hizo el PSOE con su entonces socio Podemos fue la “derogación de un beneficio económico, percibido desde el año 2004 tanto por las empresas como por los trabajadores de los sectores establecidos” y, en consecuencia, dejar sin contenido el objetivo de aquella legislación, que no era otro que mantener y estimular la creación de empleo en Ceuta y Melilla.
Entiende el grupo mayoritario del Senado que los datos sobre evolución del empleo que favoreció aquella medida de 2004 “no han sido analizados” y matiza que ningún organismo público ha cuestionado en momento alguno que se beneficiara a la dos ciudades autónomas con la concesión de ese 50% de bonificación a la Seguridad Social.
Es más, insiste en que aquella decisión, inamovible desde 2004 hasta septiembre de 2023, quedó consolidada como uno de los principales atractivos del régimen económico melillense, un sistema “que se hace cada vez más necesario, atendiendo a la debilidad y vulnerabilidad de las economías propias de ambas ciudades, así como la concurrencia de otros elementos externos tales como, las desventajas propias derivadas de la situación geográfica de extrapeninsularidad y lejanía con el resto del territorio peninsular”, señala el texto de la proposición de ley.
Además de señalar los problemas económicos de Ceuta y Melilla motivados también por la decisión marroquí de ahogar las ciudades y recordar la “incertidumbre” que suscita la situación con Marruecos, la proposición de ley deja claro que “no sólo estaría plenamente justificado mantener los incentivos económicos y fiscales, con los que se han venido compensando dichas dificultades, sino que sería coherente y conveniente seguir profundizando en ellos, manteniendo en vigor los que han venido funcionando, ya que son elementos clave del sistema económico especial de Ceuta y de Melilla”, subraya.
El cambio de sistema está apoyado por la práctica totalidad de los grupos de la Asamblea.
