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Ecologistas en Acción alerta de que los efectos del cambio climático causan migraciones forzadas
El debate ‘Refugiados climáticos: la migración del siglo XXI’ puso ayer sobre la mesa las causas y consecuencias de los efectos del cambio climático que están forzando migraciones de miles de personas en situaciones extremas. De hecho, “el problema de los refugiados climáticos es síntoma de una crisis más amplia”, aseveró el responsable internacional de Ecologistas en Acción, Samuel Martín-Sosa, quien participó en la conferencia impulsada por Guelaya junto al presidente de la asociación melillense Pro Derechos de la Infancia (Prodein), José Palazón, en el Club Marítimo.
Martín-Sosa aseguró que “las causas de las migraciones no son únicas, siempre son poliédricas” e indicó que “las causas ambientales y su relación climática están intrínsecamente vinculadas a causas laborales, económicas, políticas y energéticas”. El ecologista estimó que “la migración ambiental será la causa número uno de desplazamientos forzados en un futuro no muy lejano”, una situación que requerirá de “una respuesta internacional para acoger a estos migrantes”.
Sin reconocimiento
Este especialista señaló que “la figura del refugiado climático no existe oficialmente”, ya que no viene recogida en la definición de refugiado que se elaboró en la Convención de Ginebra de 1951, que sí menciona a los refugiados ambientales, aunque “en esa época el medio ambiente y el cambio climático no estaban en la agenda política de los Estados”.
“La figura del refugiado climático no existe oficialmente,
no la recoge la Convención de Ginebra”
Sin embargo, desde Ecologistas en Acción decidieron utilizar ese término para designar a las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares y a desplazarse hacia otras zonas de su país o hacia terceros Estados “porque la vida en su entorno se ha vuelto insostenible”. Así, Martín-Sosa estimó que para el año 2050, entre 200 y 250 millones de personas serán refugiados climáticos, aunque llegó a indicar que otras fuentes aumentan la cifra hasta los 1.000 millones de migrantes.
El desplazamiento masivo de todas estas personas implica “la adopción de medidas tanto en los países de salida como de tránsito y de destino”, como lo podría ser, según este especialista, el desarrollo de mecanismos jurídicos de protección, el impulso de diálogos entre Estados, como comprometerse a nivel internacional para luchar contra el cambio climático. “Los países ricos tenemos la responsabilidad moral de acoger a estos refugiados, ya que las multinacionales del Primer Mundo han expoliado los recursos del Tercer Mundo, dejando su entorno medio ambiental dañado y muy contaminado”, denunció Martín-Sosa.
“Los países ricos tenemos la responsabilidad
moral de acoger a estos refugiados y migrantes”
Por todo ello, propuso la implementación de planes de prevención contra el cambio climático, el impulso de análisis de vulnerabilidad en los países con las condiciones más extremas y la definición de planes para atender las distintas magnitudes de las tragedias climáticas.
Sin embargo, este responsable de Ecologistas en Acción puso especial hincapié en la necesidad de adoptar “otro paradigma de transformación social”, que deje de lado la “economía de extractivismo basado en la energía de los combustibles fósiles, que son finitos y muy contaminantes”. También recordó que “somos ecodependientes, dependemos de la naturaleza” y que actualmente “hemos chocado con los límites del planeta”.
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“No existe la justicia climática”
El presidente de la asociación local Pro Derechos de la Infancia (Prodein), José Palazón, explicó ayer en la conferencia sobre refugiados climáticos que “no hay justicia climática”, en referencia a las consecuencias medioambientales que sufren los países pobres al verse afectados “por el expolio” de los países ricos.
En este sentido, Palazón puso el ejemplo de Burkina Faso, un país africano rico en recursos naturales, especialmente en minas de oro, las cuales son explotadas por países del Primer Mundo como Canadá, Francia y Suiza. Así, el presidente de Prodein señaló que, mientras que los países ricos extraen de Burkina Faso el oro a cambio de pagar una mínima cantidad al gobierno por la explotación minera, son los habitantes de dicho país los que sufren las consecuencias de la contaminación de esta actividad extractivista.
“Burkina Faso es un país con apenas reservas de agua, las cuales los otros Estados utilizan en las minas. Gastan la poca agua que tiene el país y la contaminan con mercurio “para poder limpiar el oro”, concretó. Además, añadió que “echaban a perder los acuíferos vertiéndola en lagunas artificiales con la mezcla del mercurio”. Palazón añadió a todo ello que el país africano es el que sufre las consecuencias climatológicas por el deterioro medioambiental.
