El PP de Melilla advirtió de las “consecuencias terribles” que podría conllevar el hecho de que la Ciudad Autónoma de Melilla no prorrogue el contrato de gestión del centro de menores, cuya vigencia expira el 7 de enero, por la situación en la que se quedaría este colectivo y el despido de 200 trabajadores que desempeñan este servicio.
El vicepresidente segundo de la Asamblea, el diputado popular Daniel Conesa, recordó que la prórroga de este contrato de gestión ya fue aprobado en la Comisión de Bienestar Social el 13 de noviembre, con los votos a favor del PP, principal partido de la oposición, y el PSOE, uno de los tres partidos del Gobierno.
Los otros dos partidos que conforman el Ejecutivo, Coalición por Melilla (CpM) y Ciudadanos (Cs), no respaldaron la prórroga de este contrato, ya que el primero votó en contra, al igual que Vox, mientras que el único diputado de la formación naranja, que es el presidente del Gobierno melillense, Eduardo de Castro, se abstuvo.
Pese a que la propuesta de prórroga salió adelante, Conesa explicó que la Ciudad Autónoma aún no se lo ha comunicado a la empresa adjudicataria, Arquisocial, algo que depende de la Consejería de Hacienda, que tiene las competencias de contratación, lo que imposibilita que se pueda ejecutar la prórroga.
Conesa responsabilizó de esta “situación disparatada, kafkiana y sin sentido” a CpM, que no está de acuerdo con que la prórroga de este contrato sea de dos años, si bien el diputado popular recordó que eso es lo que está establecido en el pliego de condiciones del contrato y, dado que el nuevo Gobierno no ha sacado a adjudicación uno nuevo, no existe otra fórmula legal para que se pueda seguir prestando este servicio.
El diputado del PP acusó a CpM de estar creando “un problema gravísimo para la Ciudad Autónoma de Melilla”, habida cuenta que esta administración tiene “la obligación legal de atender a los menores acogidos” en el centro de protección y, de no firmarse la prórroga, podría darse la situación de que los niños se queden desatendidos, dado que la empresa ya ha comunicado a la plantilla que hará un ERE desde el 7 de enero.
Conesa hizo estas declaraciones poco antes de la celebración de una comisión de Bienestar Social urgente con un punto en el orden del día, encaminado a informar de la situación sobre este asunto, si bien la reunión no se ha podido llevar a cabo finalmente porque el PSOE se ha ausentado, dejando a sus socios de gobierno en minoría, que no han podido aprobar la urgencia de la sesión frente a la mayoría de PP y Vox.
Por su parte el secretario general del PP de Melilla, Miguel Marín, lo primero que debió haber hecho la consejería de Hacienda, hace mes y medio, era votar el mandato de la comisión de Bienestar Social y firmar la prórroga del contrato.
Para Marín es “incomprensible” como el en Gobierno local “cada uno va a lo suyo, es un Gobierno en el que se ha visto y se ha escenificado está totalmente roto, en el que CpM es el que manda en el Gobierno y De Castro obedece a su orden y dictado”.
En cuanto al PSOE, no comprenden cómo un asunto que ellos han propuesto en comisión, su socio de Gobierno lo paraliza, dijo y califica la situación de “esperpéntica” que cree deben analizar los socialistas.
