El primero en tomar ayer la palabra para ofrecer explicaciones fue el director de Medio Ambiente, José Pastor, mencionado en el auto judicial por haber realizado supuestas inversiones próximas a los 300.000 euros en Luxemburgo.
En declaraciones realizadas a los medios de comunicación, aseguró que no tiene esa cantidad de dinero en dicho país, ni tampoco activos ocultos en otras partes del mundo. “El que diga lo contrario, miente total y absolutamente”.
Además, apuntó que lo publicado hasta la fecha sobre la Operación Ópera, “no sólo contiene mentiras por lo que dice, sino por lo da a entender”. En este sentido, apuntó que la investigación se realizó sobre su patrimonio, así como acerca del concerniente al resto de implicados. “No hay conclusión alguna al respecto. No se pudo encontrar vinculación alguna entre los sujetos examinados y encima se omite este detalle, ya que si se admitiera que no hay nexo alguno, no habría base para fiscalizar los contratos de la Ciudad Autónoma. Además, se sacó de contexto afirmando que tenemos patrimonios notorios, a sabiendas de que esto no tiene nada que ver. Se trata de una mentira aviesa y malintencionada”, apuntilló.
En cuanto a la mención de los 300.000 euros en Luxemburgo, señaló que él y su mujer llevan 29 años trabajando y ahorran parte de lo que ganan. “Algo de ese dinero lo he destinado a fondos en renta fija”, detalló. “A medida que vencían los sucesivos plazos, iba teniendo algo más y seguía metiendo dinero. Llegó un momento en el que pregunté al director del banco si podía obtener más intereses a plazo fijo y me contestó que no, aunque había otros productos financieros que me podían interesar, como los bonos del Tesoro o los de empresas internacionales. A través de Unicaja, decidí comprar obligaciones a cuatro años y con un 6,25% de interés. Como tenía 300.000 euros en cuenta, fruto del ahorro, decidí invertirlos ahí. Se trataba de bonos del Banco del Espíritu Santo”, detalló.
Asimismo, señaló que cuando pidió a la Agencia Tributaria los informes de esta operación para realizar su declaración de la renta, aparecía “claramente” el tipo de interés y la retención marcada por la Confederación Española de Cajas de Ahorro, “todo con total transparencia”.
Contratos menores
El director de Medio Ambiente también se pronunció por un asunto en el que no se le menciona en el auto, aunque sí afecta a su departamento: El posible fraccionamiento de contratos para adjudicarlos como obras o servicios menores sin pasar por el concurso público. “Los que ha realizado la Consejería con la empresa investigada (la constructora Porvenir S.L.) cumplen los mismos requisitos que se han llevado a cabo desde la sección de Protección de Medio Ambiente Urbano y que el resto de consejerías de la Ciudad Autónoma)”, subrayó.
“Estos contratos tienen un doble control de legalidad. Hay una secretaría que se encarga de enviar todos los expedientes al Tribunal de Cuentas de manera anual, sin que en ningún momento nos haya dicho este organismo que alguno contenía perjuicio alguno para la administración pública”, aseveró. Asimismo, indicó que hay un segundo filtro de control, pues todos los contratos son fiscalizados por el interventor. “Nos hubieran dicho si había alguna ilegalidad”, apuntó Pastor.
Además, subrayó que Medio Ambiente trabaja con más de 550 empresas cada año y se rubrican miles de contratos. “Los menores no representan ni el 15%”, concluyó Pastor.
El primero en tomar ayer la palabra para ofrecer explicaciones fue el director de Medio Ambiente, José Pastor, mencionado en el auto judicial por haber realizado supuestas inversiones próximas a los 300.000 euros en Luxemburgo. En declaraciones realizadas a los medios de comunicación, aseguró que no tiene esa cantidad de dinero en dicho país, ni tampoco activos ocultos en otras partes del mundo. “El que diga lo contrario, miente total y absolutamente”.
Además, apuntó que lo publicado hasta la fecha sobre la Operación Ópera, “no sólo contiene mentiras por lo que dice, sino por lo da a entender”. En este sentido, apuntó que la investigación se realizó sobre su patrimonio, así como acerca del concerniente al resto de implicados. “No hay conclusión alguna al respecto. No se pudo encontrar vinculación alguna entre los sujetos examinados y encima se omite este detalle, ya que si se admitiera que no hay nexo alguno, no habría base para fiscalizar los contratos de la Ciudad Autónoma. Además, se sacó de contexto afirmando que tenemos patrimonios notorios, a sabiendas de que esto no tiene nada que ver. Se trata de una mentira aviesa y malintencionada”, apuntilló.
En cuanto a la mención de los 300.000 euros en Luxemburgo, señaló que él y su mujer llevan 29 años trabajando y ahorran parte de lo que ganan. “Algo de ese dinero lo he destinado a fondos en renta fija”, detalló. “A medida que vencían los sucesivos plazos, iba teniendo algo más y seguía metiendo dinero. Llegó un momento en el que pregunté al director del banco si podía obtener más intereses a plazo fijo y me contestó que no, aunque había otros productos financieros que me podían interesar, como los bonos del Tesoro o los de empresas internacionales. A través de Unicaja, decidí comprar obligaciones a cuatro años y con un 6,25% de interés. Como tenía 300.000 euros en cuenta, fruto del ahorro, decidí invertirlos ahí. Se trataba de bonos del Banco del Espíritu Santo”, detalló.
Asimismo, señaló que cuando pidió a la Agencia Tributaria los informes de esta operación para realizar su declaración de la renta, aparecía “claramente” el tipo de interés y la retención marcada por la Confederación Española de Cajas de Ahorro, “todo con total transparencia”.
Contratos menores
El director de Medio Ambiente también se pronunció por un asunto en el que no se le menciona en el auto, aunque sí afecta a su departamento: El posible fraccionamiento de contratos para adjudicarlos como obras o servicios menores sin pasar por el concurso público. “Los que ha realizado la Consejería con la empresa investigada (la constructora Porvenir S.L.) cumplen los mismos requisitos que se han llevado a cabo desde la sección de Protección de Medio Ambiente Urbano y que el resto de consejerías de la Ciudad Autónoma)”, subrayó.
“Estos contratos tienen un doble control de legalidad. Hay una secretaría que se encarga de enviar todos los expedientes al Tribunal de Cuentas de manera anual, sin que en ningún momento nos haya dicho este organismo que alguno contenía perjuicio alguno para la administración pública”, aseveró. Asimismo, indicó que hay un segundo filtro de control, pues todos los contratos son fiscalizados por el interventor. “Nos hubieran dicho si había alguna ilegalidad”, apuntó Pastor.
Además, subrayó que Medio Ambiente trabaja con más de 550 empresas cada año y se rubrican miles de contratos. “Los menores no representan ni el 15%”, concluyó Pastor.
