El 28 de junio fue declarado en 2018 por decisión del Consejo de Ministros como el Día Nacional del Orgullo LGTBI en España, una fecha que se escogió en conmemoración de la revuelta de Stonewall de 1969 en Nueva York, mediante la que se produjeron manifestaciones, algunas violentas, para denunciar la redada que el día antes se había producido en un pub del mismo nombre en contra de ese colectivo. Fue la primera vez que las personas LGTBI lucharon contra un sistema que los perseguía y nacía así del movimiento moderno pro-derechos LGBTI en Estados Unidos y en todo el mundo. En estos seis años, el Día del Orgullo ha ido creciendo hasta convertirse en la gran referencia a la hora de manifestar las reivindicaciones LGTBI justo cuando, además, arrecian los ataques contra estas personas, los mensajes de odio y el estigma contra quienes simplemente tienen que ser iguales dentro de la diversidad que existe en cualquier sociedad humana. Por eso es tan importante conmemorar la efeméride, recordarla y festejarla porque es la manera de normalizar algo que estuvo perseguido legalmente en España hasta hace 45 años, cuando se reformó, aunque con la boca pequeña, la llamada Ley de Peligrosidad Social, eliminando el artículo referente a los "actos de homosexualidad", hasta entonces penados con cárcel. Si bien es cierto que aquella reforma dejó de considerar a los homosexuales como individuos peligrosos sobre los que podían recaer prisión o internamientos en manicomios, no fue sin embargo hasta 1989 cuando esa legislación quedó totalmente derogada. Y desde entonces España ha ido conquistando poco a poco derechos hasta llegar a una situación como la actual, en la que el activismo LGTBI ha cosechado grandes logros, como el derecho al matrimonio, la prohibición de terapias de conversión o la prohibición de cirugías a menores intersex cuando no haya una urgencia de salud demostrada. En definitiva, se han alcanzado muchas metas pero queda todavía mucho camino por recorrer. Por eso es importante que las instituciones públicas se unan al Orgullo, lo reivindiquen y lo festejen, que presten sus sedes para dar visibilidad al movimiento que representa y que debe estar presente en las políticas públicas. Melilla tiene la suerte de contar con una asociación, Amlega, realmente preocupada y ocupada de las personas LGTBI que necesitan asesoramiento, protección, ayudas, apoyo, etc. Es una entidad con un papel importante en la sociedad melillense, donde trabajan personas muy comprometidas con la causa y que representan una roca a la que acogerse en caso de dificultades, como hacen muchos miembros del colectivo. Se ocupan de grandes cuestiones, como la salud, las cuestiones psicológicas cuando se trata de personas que han sufrido violencia por su condición sexual. Amlega presta jurídicamente apoyo a quienes sufren persecución o discriminación y siempre están dispuestos a colaborar para conseguir que Melilla sea una ciudad amable en la igualdad y la diversidad que debe existir. Por eso es muy interesante que esta asociación siga trabajando como hasta ahora en pos de las personas LGTBI. La ciudad necesita de una organización como ésta, discreta, seria y eficaz, que sabe cuándo reivindicar y cuándo hacer una labor callada. Sus miembros merecen el reconocimiento de los melillenses por su magnífica labor y no estaría de más que las instituciones públicas lo tuvieran en cuenta a la hora de otorgar futuros premios, ahora que cumplen sus primeros veinte años de vida.