El Comité de Derechos Humanos del Niño de la ONU confirmó que ha pedido al Gobierno español “que tome medidas provisionales para prevenir daños irreparables” a la niña que ha llevado su caso a Ginebra. Esta, a pesar de haber nacido en Melilla, no ha asistido nunca a clase porque su madre fue una menor tutelada y no le dieron los papeles correspondientes cuando cumplió la mayoría de edad.
Tras esta comunicación, desde la oficina de Derechos Humanos indicaron que la menor “debería tener acceso inmediato al sistema público escolar en Melilla”.
Aún así, matizan que se está estudiando el caso “en su tiempo debido”, proceso que puede durar uno o dos años, por lo que esta medida provisional no sería “la opinión final sobre el caso”.
De obligado cumplimiento
Estas medidas provisionales las pide el Comité “en circunstancias excepcionales para evitar un posible daño irreparable”. Estas tienen una doble naturaleza, “de precaución y protectora”.
Además, las medidas están bajo el artículo 6 del Protocolo facultativo de la Convención de los del Niño, por lo que el Comité considera que las medidas provisionales emitidas, en virtud del artículo, “imponen una obligación legal internacional a los Estados partes de cumplir”. Dicho incumplimiento supondría “una violación” de este.
España es parte del Protocolo, por lo que reconoce su competencia, “no entrañará juicio alguno sobre la admisibilidad ni sobre el fondo de la comunicación” que hace el Comité al Estado, por lo que España tendría que acatar la recomendación.
Esta se podría tomar en cualquier momento del proceso, pero se suele hacer al principio para evitar el niño o la niña que las violaciones que se cometan contra ellos tengan un impacto “severo y a largo plazo”.
A partir de ahora
El Comité se pondrá en contacto con el Estado español para pedirle información sobre el caso. Desde España se tendrá que enviar por escrito las “explicaciones o declaraciones en las que se aclare la cuestión y se indiquen las medidas correctivas que se hayan adoptado, de ser ese el caso” con la mayor brevedad posible y en un plazo de seis meses. Si esto ocurre así, sabremos cuál es la posición de la Administración española frente a la escolarización de los menores que no acuden a clase en Melilla.
Con el interior superior de la niña por delante y dentro del respeto a la Convención o a los Protocolos facultativos, el Comité intentará llegar a una “solución amigable” con el Estado, lo que pondrá fin al proceso.
Después habrá un seguimiento, por lo que se espera que se tomen las metidas acordadas tras enviar por escrito al Comité para hacer valer los derechos de la niña, en este caso.
Hay que recordar que España es uno de los países que ratificó, en 1990, la Convención de los Derechos de Niño, por lo que está obligada a cumplirla.
