Nueva Melilla ha reclamado este jueves la puesta en marcha de medidas locales que complementen el nuevo real decreto-ley de vivienda aprobado por el Consejo de Ministros. A juicio de la formación, la norma introduce herramientas de contención necesarias, pero no basta para frenar la exclusión residencial de las familias más vulnerables de la ciudad.
El partido celebra que el texto prorrogue hasta 2030 la protección frente a los desahucios de personas vulnerables, un "paracaídas social" para decenas de familias melillenses. Aun así, advierte de que la prórroga "solo pospone un problema estructural si las administraciones no actúan sobre la raíz de la falta de suelo y vivienda asequible".
También ve con buenos ojos la regulación de los contratos por habitaciones y de temporada, fórmulas que, según sostiene, han precarizado el acceso a un hogar de jóvenes y trabajadores con rentas bajas.
Su principal temor es que las restricciones reduzcan la oferta a corto plazo. "Corremos el riesgo de que la inseguridad jurídica de los pequeños propietarios acabe por contraer aún más el mercado del alquiler local", señalan desde el partido, que sitúa a las familias con menores, los jóvenes y los mayores con pensiones mínimas como los primeros afectados.
Alega además el parque de vivienda social históricamente tensionado de la ciudad para pedir que las ayudas directas y los planes de vivienda protegida no se queden en promesas.
Nueva Melilla pone el foco en los jóvenes sin empleo ni ingresos, para quienes, a su juicio, el decreto se queda corto. "El decreto regula el mercado existente, pero para quienes están a cero, el mercado simplemente no existe", afirma.
Por ello, exige un plan de contingencia con cuatro ejes. El primero es un programa de "Alquiler Cero" o viviendas puente públicas para menores de 35 años en paro de larga duración, vinculado a itinerarios de inserción laboral. El segundo, fiscalizar los fondos del Plan Estatal de Vivienda asignados a Melilla y acelerar los proyectos pendientes.
Propone también un fondo autonómico de emergencia para el alquiler de familias con ingresos inferiores al Iprem y una mesa de seguimiento con la consejería competente, el tercer sector y plataformas sociales para evaluar cada mes el impacto del decreto.
El Consejo de Ministros aprobó el martes dos reales decretos-ley de vivienda, que deberán ser convalidados por el Congreso.
