Parecen barcos similares, pero no tiene nada que ver el que llega a Melilla con el que hace su entrada en un puerto de la península. Se trata del mismo ferry, pero quien lo contempla desde Málaga, Almería o Motril sabe que en esas ciudades hay una conexión fácil y rápida con el resto de zonas del país a través de carretera, tren o avión. Aquí vemos ir y venir los barcos y sabemos que son nuestro principal y más asequible sistema de transporte, la única alternativa al avión. Sin ambos, Melilla está aislada con el resto del Estado, como una ciudad peninsular de 85.000 habitantes a la que no llegara ninguna carretera y sin conexión por ferrocarril. Esta población ficticia, difícil de imaginar en la península, es nuestra Melilla, por ejemplo, los días en los que el mal tiempo impide despegar a los aviones o a los barcos hacerse a la mar.
Por eso resulta ofensivo que alguna institución pública de la península se plantee la posibilidad de eliminar las ayudas económicas que recibe la compañía naviera adjudicataria del contrato de navegación marítima, que sirve para garantizar tanto la continuidad del servicio como unos niveles de calidad mínimos. La confianza en nuestros representantes políticos en el Congreso y el Senado se tambalea cuando conocemos que a alguna de las dos cámaras legislativas llegan propuestas de este tipo. Se intuye que en esta clase de iniciativas hay más demagogia que análisis sereno, profundo y equilibrado; pesa poco el interés general de los melillenses; se plantean iniciativas de manera irresponsable sin el menor interés por conocer todos los aspectos del asunto.
Con independencia del color político de los autores de semejantes desatinos, la respuesta desde esta orilla del Mediterráneo debería ser contundente, única y tajante. En ocasiones como ésta es cuando hace falta activar herramientas como la Junta de Portavoces de la Asamblea para acordar un documento común que llegue al Senado o al Congreso y sirva para sacar los colores a los autores de semejantes estupideces. Hay que decir ‘basta’ al uso que algunos políticos nacionales tratan de hacer de Melilla como moneda de cambio para defender sus particulares intereses. Hace unas semanas eran diputados de ERC quienes quería imponer el Tamazight como lengua cooficial en nuestra ciudad. Ahora son unos senadores del PSOE quienes para defender el desarrollo del Puerto de Motril amenazan con poner en riesgo las comunicaciones marítimas de Melilla con la península. Ni unos ni otros plantean iniciativas que ayuden a superar los desequilibrios de nuestra ciudad con el resto de España. Tampoco nos hace falta su ayuda; nos bastaría con que no contribuyan a generar más problemas a parte de los que ya padecemos. Referirse a Melilla desde el desconocimiento es la prueba más evidente de que quien habla de nuestra ciudad no la respeta ni le preocupa el bienestar de sus habitantes.
