Afirmar que la sanidad en Melilla atraviesa “el mejor momento de su historia” no solo resulta cuestionable, sino que evidencia una preocupante desconexión entre el discurso oficial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y la realidad que viven a diario los ciudadanos. No se trata de percepciones aisladas ni de casos puntuales: basta con asomarse al funcionamiento cotidiano del sistema para comprobar que ese supuesto escenario ideal no existe.
Porque no, la cosa no está mejor. Y no hace falta recurrir a informes técnicos ni a complejas estadísticas para entenderlo. Es suficiente con intentar acceder a un especialista, someterse a una prueba o esperar una intervención quirúrgica. Ahí es donde el relato se rompe y aparece una realidad mucho más áspera.
Un ejemplo cercano lo deja claro. Un paciente intenta pedir cita en Digestivo y se encuentra con una respuesta tan sorprendente como inquietante: la agenda está cerrada. No hay huecos, no hay previsión, no hay alternativa real. Lo único que se le ofrece es entrar en un “buzón”, una especie de lista paralela sin garantías ni plazos. Y cuando se piden explicaciones, la respuesta es aún más reveladora: ese procedimiento sirve para que no aumenten las listas de espera oficiales.
Es decir, no se reduce el problema, se oculta. No se mejora la atención, se maquilla la estadística. Si esto ocurre, como apuntan los testimonios disponibles, el sistema no solo está fallando en su función asistencial, sino también en la transparencia que debe a los ciudadanos. Porque unas listas de espera que no incluyen a todos los pacientes dejan de ser un indicador real.
Mientras tanto, la experiencia de los usuarios sigue acumulando señales de alarma. Pacientes que esperan desde septiembre de 2025 para ser operados. Colas para realizarse análisis debido a la falta de personal. Servicios de urgencias que trabajan al límite de su capacidad. Especialidades que dependen de un único profesional y que podrían quedar desatendidas en cuanto se produzca una jubilación.
Ese es el escenario que describen quienes utilizan el sistema y quienes trabajan en él. Un escenario que dista mucho de esa imagen de estabilidad y excelencia que se intenta trasladar desde los despachos. Y cuanto más se insiste en ese mensaje triunfalista, mayor es la sensación de incredulidad entre la población.
Porque los ciudadanos saben perfectamente lo que viven. No necesitan que nadie les explique si la sanidad funciona bien o mal. Lo comprueban cada vez que tienen que esperar semanas o meses por una consulta, cada vez que no obtienen respuestas claras o cada vez que ven cómo el sistema se atasca en cuestiones básicas.
En este contexto, el discurso de Ingesa no solo pierde credibilidad, sino que corre el riesgo de generar un efecto contrario al deseado. Lejos de tranquilizar, provoca frustración. Porque quienes están dentro del sistema no reconocen en esas palabras la realidad que experimentan.
El antecedente reciente en el que se defendía públicamente la buena situación de la sanidad en Melilla adquiere así un matiz distinto. Ya no se percibe como un mensaje informativo, sino como un intento de sostener una versión que muchos consideran alejada de los hechos.
No, Ingesa, la cosa no está mejor. Y repetirlo no hará que lo esté. La distancia entre lo que se dice y lo que se vive es demasiado grande como para ignorarla. Mientras no se aborden los problemas reales —acceso a especialistas, listas de espera, falta de personal—, cualquier intento de presentar la situación como ejemplar seguirá chocando con la misma realidad: la de los ciudadanos que esperan, que sufren y que ya no se creen ese relato.