Las autoridades españolas y marroquíes se reunirán mañana en Madrid para acordar los términos en los que se producirá la normalización del tráfico fronterizo. La cita está programada 24 horas antes de que el presidente Pedro Sánchez explique en el Congreso de los Diputados los detalles de la nueva relación con Marruecos.
Por tanto, cabe suponer que la información que se dé tras la reunión de este martes, allane el camino al presidente en el Parlamento. En todo caso y al margen de lo que finalmente decidan hacer los políticos, a los melillenses nos interesa que en esa reunión de Madrid se aborden las condiciones en las que se producirá el intercambio comercial entre Melilla y Marruecos.
Es importante que la frontera haya abierto para tranquilidad de las familias, pero desde que el mundo es mundo las fronteras se abren para permitir el tránsito de mercancías y personas. Suprimir, limitar o estrangular una de las dos es antinatura.
Llegamos a la reunión de mañana sobre la frontera tras la marcha atrás monumental que dio Marruecos esta semana pasada después de intentar colarnos un gol cuando al director de Aduanas de ese país dijo que no hay espacio físico para construir los recintos aduaneros en las ciudades autónomas.
Fue tal el revuelo que se montó en España, que presumiblemente los teléfonos del Ministerio de Asuntos Exteriores tienen que haber echado humo para que en cuestión de horas este señor se desdijera y apuntara lo que todos sabemos: que la reapertura de la Aduana de Melilla y la creación del recinto aduanero en Ceuta es una decisión política, que, por lo que dijo, da la sensación de que no se ha tomado aún.
El problema es que en España creíamos que esa decisión política estaba clara y era ajena a interpretaciones después de que Pedro Sánchez apoyara por escrito el plan de autonomía marroquí para el Sáhara. El punto número tres de la Declaración firmada por el presidente español y Mohamed VI el 7 de abril habla de normalizar la circulación de mercancías y personas incluyendo los dispositivos de control aduanero a nivel terrestre y marítimo.
Sabiendo como es Marruecos, esos compromisos debieron ser más explícitos y haber incluido textualmente la reapertura de la aduana de Melilla y la creación de una nueva en Ceuta y ni siquiera así nos habríamos ahorrado las interpretaciones libérrimas de un Gobierno (el marroquí) que mantiene los ojos puestos en las ciudades autónomas.
En la tercera semana con la frontera abierta, ya sabemos cuáles son las debilidades y las fortalezas de la reapertura: la mano dura de Marruecos en el régimen de viajeros; la lentitud en la entrada de vehículos el fin de semana y las colas con interrogatorios incluidos en el sellado de pasaportes.
Por tanto es imprescindible que se hable con el país vecino de temas concretos y no de vaguedades. La reunión no puede servir para soltar el titular de marras: "Todo listo para la entrada de mercancías a Melilla y Ceuta". De este lado sabemos que no hay nada listo porque, de hecho, se tardan hasta cuatro horas en cruzar sin mercancías los fines de semana. ¿Qué va a pasar cuando empiece la Operación Paso del Estrecho y haya que pasar los coches cargados por la frontera?
Hay mucho de lo que hablar con Marruecos. España, por su parte, tendrá que decidir qué hace con los transfronterizos porque pese a los 7.000 parados que tenemos en Melilla seguimos teniendo problemas para conseguir cubrir puestos de trabajo.
Esa gente ha trabajado en Melilla, ha cotizado en Melilla y debería tener derechos en Melilla como cualquier otro trabajador. Taponar esa vía va a disparar las migraciones irregulares hacia la península. No se soluciona el problema. Sencillamente se traslada de lugar.
Son muchos los transfronterizos que quedaron atrapados en nuestra ciudad durante la pandemia y que pidieron asilo para poder viajar a la península. La sentencia del Tribunal Supremo que autorizó la libre circulación de quienes están en trámites de protección internacional pone en riesgo la relación laboral entre marroquíes y empresas de Melilla.
Hay que solucionar ese problema, de la misma manera que se buscó una solución para legalizar las devoluciones en caliente con una disposición adicional décima en la Ley de Seguridad Ciudadana sólo válida en Melilla y Ceuta.
Habrá que incluir también una excepción en la ley de asilo o, de lo contrario, reforzar la oficina de Beni Enzar con más personal, de manera que, como tenía planeado el Gobierno, las solicitudes de protección internacional se solucionen en un plazo máximo de 10 días.
Hay mucho camino aún por recorrer para conseguir la normalización del tránsito fronterizo. Esperemos que la reunión de mañana no sea un paripé más adornado con buenas palabras y envuelto en buenas intenciones.
