La senadora del Partido Popular por Melilla, Isabel Moreno, ha manifestado su rechazo a la forma en la que el Ministerio de Sanidad está impulsando la reforma del Estatuto Marco del personal sanitario. En declaraciones relacionadas con la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, celebrada este miércoles en Madrid, Moreno alertó de que el Ejecutivo central pretende imponer un nuevo modelo “sin diálogo ni consenso”, dejando fuera a comunidades autónomas y asociaciones profesionales.
Moreno subraya que no se trata de una reforma cualquiera. “El Estatuto Marco no es un mero trámite técnico, es la herramienta que define las condiciones laborales de quienes sostienen cada día nuestra sanidad y, por tanto, su reforma debe hacerse con rigor, con consenso y con absoluta responsabilidad, cosa que aquí no hay por ningún lado”.
El Partido Popular lleva días denunciando la falta de transparencia por parte del Ministerio que encabeza Mónica García. Según ha expresado la formación en una nota oficial, la ministra ha convocado el pleno sin haber dado tiempo a los técnicos autonómicos a revisar el documento completo ni explicar las modificaciones introducidas a última hora.
La senadora melillense comparte plenamente esta preocupación y va más allá, al advertir sobre las posibles consecuencias de aplicar esta reforma sin el respaldo de quienes conocen la realidad sanitaria sobre el terreno: los profesionales. “No se puede reformar el corazón del sistema sanitario a espaldas de las comunidades autónomas, ni tampoco de los profesionales”, señaló Moreno, quien también remarcó que su grupo político “rechaza rotundamente cualquier intento de utilizar esta reforma como un instrumento de división o privilegios territoriales”.
Moreno se mostró especialmente crítica con el llamado “cupo separatista” pactado entre el PSOE y ERC, al considerar que abre la puerta a nuevos desequilibrios en la financiación sanitaria. “No vamos a aceptar un modelo que genere desigualdades, que enfrente a categorías de profesionales o profundice aún más los desequilibrios entre las distintas comunidades, como puede ocurrir con propuestas como el llamado cupo separatista en el caso de Cataluña”.
Además de las críticas sobre el procedimiento, Isabel Moreno insistió en la necesidad de garantizar una financiación adecuada para cualquier reforma estructural en el ámbito sanitario. Según denunció, el Gobierno de Pedro Sánchez “pretende vender humo, como siempre, sin poner un euro sobre la mesa, sin presupuestos, sin un marco económico que dé estabilidad a las plantillas ni garantía a las autonomías”.
“Desde el Grupo Popular vamos a exigir que cualquier reforma del Estatuto Marco se haga con consenso, con transparencia y con respaldo presupuestario. Y que tenga un único objetivo: mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios para garantizar la calidad del sistema público de salud en todas las comunidades autónomas por igual y, por ende, para garantizar la calidad asistencial de nuestros pacientes”, afirmó la senadora.
El malestar con el nuevo Estatuto Marco no es exclusivo del PP. En Melilla, el Sindicato Médico ha expresado su oposición a la reforma y respaldó la huelga nacional convocada por CESM. En un comunicado, los facultativos melillenses afirmaron que la propuesta “se ha hecho a espaldas del personal sanitario” y que supone “un grave retroceso en derechos y condiciones laborales”. También critican la falta de diálogo del Ministerio, una queja compartida por numerosos colectivos del sector.
Por su parte, los consejeros autonómicos del PP, reunidos esta semana con la vicesecretaria de Sanidad del partido, Carmen Fúnez, expresaron su preocupación por el impacto económico que puede tener una reforma sin respaldo presupuestario. A juicio del PP, el Estatuto Marco debe actualizarse, pero solo con propuestas técnicamente factibles y económicamente viables, y siempre contando con el consenso de todas las comunidades y los representantes profesionales.
El debate sobre el Estatuto Marco se produce en un momento de incertidumbre sobre la financiación del sistema nacional de salud, agravada por la falta de presupuestos estatales desde 2022. Desde el PP se insiste en que cualquier avance en la sanidad pública requiere estabilidad, rigor financiero y respeto al principio de igualdad entre territorios.
