La senadora del Partido Popular por Melilla, Isabel Moreno, ha acusado al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) de intentar ocultar los problemas que atraviesa la sanidad melillense mediante “propaganda” y de difundir un comunicado que considera “falaz” al asegurar que los sindicatos habían felicitado al organismo por su gestión durante 2025.
Moreno ha exigido una rectificación y ha sostenido que la realidad del sistema sanitario en la ciudad desmiente el mensaje trasladado por la institución. Sus declaraciones llegan después de la polémica suscitada por una nota difundida por Ingesa en la que se aseguraba que los agentes sociales habían valorado positivamente la gestión desarrollada durante el último año.
Ese planteamiento fue posteriormente cuestionado por representantes sindicales. En concreto, CCOO negó haber respaldado la actuación del organismo sanitario y calificó de “rotundamente falso” que hubiera avalado la gestión de Ingesa. Para Moreno, este episodio demuestra que la institución ha intentado presentar una imagen de normalidad que no se corresponde con la situación real de la sanidad pública en Melilla.
La senadora popular afirmó que Ingesa “falta a la verdad” desde el propio titular del comunicado y cuestionó la credibilidad de la institución. Según señaló, resulta preocupante que un organismo público difunda mensajes que, a su juicio, no reflejan las dificultades que padecen tanto los profesionales sanitarios como los pacientes melillenses.
Moreno recordó además que los sindicatos sanitarios tienen previsto volver a concentrarse el próximo 9 de junio para reclamar mejoras laborales y denunciar los recortes que, según sostienen, afectan al personal sanitario. Para la parlamentaria, la convocatoria de nuevas protestas evidencia el malestar existente entre los trabajadores y contradice la imagen positiva que, en su opinión, pretende trasladar Ingesa.
Entre los argumentos expuestos por la dirigente popular figura también la evolución de las derivaciones de pacientes fuera de la ciudad. Según indicó, más de 6.600 melillenses tuvieron que desplazarse durante 2025 para recibir atención médica especializada, una cifra que representa un incremento del 17 por ciento respecto a la registrada cuatro años antes.
Moreno aseguró que estos datos reflejan las dificultades que continúa presentando la asistencia sanitaria en Melilla y cuestionó que Ingesa presuma de su gestión mientras se mantiene este volumen de desplazamientos. A su entender, las derivaciones fuera de la ciudad son una muestra de las carencias que siguen afectando al sistema sanitario local.
La senadora añadió que tampoco se han producido aumentos significativos de plantilla ni una reducción de las listas de espera. Asimismo, apuntó a la existencia de retrasos importantes en la realización de pruebas diagnósticas, circunstancias que, según afirmó, impiden respaldar la valoración positiva realizada por Ingesa sobre su propia gestión.
Moreno también se hizo eco de las críticas expresadas por distintas organizaciones sindicales en los últimos meses. En este sentido, aludió a denuncias relacionadas con una gestión caracterizada por el “autoritarismo y la inflexibilidad”, así como al incumplimiento del Real Decreto sobre zonas de difícil cobertura, aprobado hace más de tres años.
Igualmente, mencionó el recurso a contratos temporales de corta duración, la reducción o cierre de determinados servicios durante los fines de semana y la falta de recursos humanos en áreas como el Hospital Universitario, Atención Primaria, el SUAP o el servicio 061.
Por último, la representante popular responsabilizó de esta situación tanto al Ministerio de Sanidad como a la Delegación del Gobierno en Melilla. En particular, dirigió sus críticas hacia la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, a quien acusó de no defender adecuadamente los intereses de los profesionales sanitarios ni de los pacientes melillenses.
Moreno sostuvo que la situación de la sanidad en la ciudad se ha deteriorado durante los últimos años y reclamó responsabilidades políticas ante lo que considera una falta de respuesta efectiva por parte de las administraciones competentes.
