La delegada del Gobierno ha valorado la aprobación del Real Decreto por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas de las comunidades y ciudades autónomas. Según ha destacado, éste “responde a un criterio objetivo, de justicia y equilibrio, que garantiza la igualdad de trato para todos los territorios”.
Tal y como ha explicado, este Real Decreto establece un mecanismo estructural y solidario de redistribución, aplicando criterios objetivos como población, renta per cápita, tasa de paro o esfuerzo previo de acogida. “Se trata de una respuesta estructural, de una medida solidaria que permite que ningún territorio tenga que soportar en solitario una presión que en determinados momentos puede ser inasumible”, ha subrayado.
Beneficios para Melilla
La máxima representante del Gobierno de España en la ciudad ha recordado que Melilla ya vivió en etapas anteriores una presión muy importante en materia de menores, y que la ausencia de un instrumento como este dificultó la gestión. “Si en esos momentos hubiésemos tenido la posibilidad de contar con un mecanismo como este, sin duda lo hubiésemos agradecido”, ha afirmado.
Aunque actualmente la capacidad ordinaria fijada para Melilla es de 28 menores, la Delegada ha subrayado que lo importante es que, a partir de ahora, el reparto se hará siempre con criterios claros y homogéneos. “Gracias a esta medida sabemos que contaremos con un sistema justo, objetivo y solidario para afrontarla”, ha defendido.
Además, ha recalcado que no se trata de una situación exclusiva de un territorio, sino de una cuestión nacional que requiere solidaridad y responsabilidad compartida. “No podemos dar respuestas puntuales a situaciones como esta. Lo que necesitamos son respuestas estructurales, con visión de futuro, que refuercen la solidaridad entre territorios y garanticen los derechos de los menores”, ha señalado.
Capacidad ordinaria
La delegada ha explicado que el mecanismo por el que se aprueba la capacidad ordinaria es “muy sencillo”. “Al final de cada año se pide a todas las comunidades autónomas que certifiquen cuántos menores migrantes no acompañados tienen en su territorio. Con esas cifras, se obtiene el total de menores en el país y se distribuye en función de la población de cada comunidad. Esa es su capacidad ordinaria: un cálculo objetivo y transparente”.
En este sentido, ha dejado claro que “ni se discrimina a ninguna comunidad ni se da ventaja a otra. “Lo que hace este sistema es ofrecer una radiografía real de la situación, con datos oficiales certificados por los funcionarios de cada comunidad autónoma”.
Sabrina Moh ha apuntado que “hay comunidades que superan con creces esa capacidad ordinaria, como Melilla, Ceuta o Canarias, y otras que están muy por debajo, lo que hace imprescindible que este reparto solidario sea de obligado cumplimiento”.
Por otro lado, ha calificado de “incomprensible y poco responsable” que haya autonomías que ni siquiera colaboran en el proceso. “Resulta llamativo que critiquen esta medida sin haber remitido siquiera el certificado con el número de menores que acogen. O se colabora o se ponen palos en las ruedas, pero lo que está en juego aquí es la protección de la infancia”, ha señalado.
Solidaridad y dignidad de los menores
Finalmente, Moh ha puesto en valor que este mecanismo no solo supone un alivio para territorios como Canarias o Ceuta, que soportan actualmente una presión extraordinaria, sino que también garantiza los derechos y la atención adecuada de los menores migrantes no acompañados.
“La medida va acompañada de financiación y refuerza a los sistemas autonómicos de protección de la infancia. Lo más importante es que garantiza que estos niños y niñas reciban una acogida digna y humanitaria”, ha insistido.
