La presión de la inmigración irregular infantil es una constante en Melilla. Actualmente la ciudad autónoma de Melilla da cobijo a 550 menores extranjeros no acompañados en el centro de acogida de La Purísima, aunque la cifra total asciende a 750 niños, teniendo en cuenta los que están en otros centros de tutela y sumando el medio centenar que malvive en la calle, según los últimos datos facilitados a inicios de este mes por el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura. Este responsable apuntó que la gran mayoría de estos menores, prácticamente todos marroquíes, tienen entre 16 y 17 años.
La presencia de los ‘niños de la calle’ en Melilla ha levantado ampollas entre una parte de la ciudadanía, que utiliza las redes sociales como altavoz para demostrar su descontento por la “inseguridad que generan estos menores conflictivos que sólo vienen a robar y a buscar problemas”. De ahí que algunos espacios virtuales se hayan convertido en un tablón con mensajes xenófobos y racistas en los que también se demonizan las organizaciones humanitarias que tratan de ayudar a estos niños.
Sin embargo, este panorama no es exclusivo de Melilla ni de Ceuta, sino que también se extiende a Andalucía, donde hay 2.335 plazas en 226 centros de acogida, según los últimos datos oficiales. Más de 300 plazas están ahora habilitadas en dispositivos de emergencia. Según publica eldiario.es, en los centros hay más de 2.100 menores tutelados por la Junta, de los que 800 son menores extranjeros no acompañados. Este medio de comunicación también señala que el Ejecutivo andaluz prevé sacar 100 plazas para el programa de acogimiento residencial básico en centro de protección de menores y, próximamente, si todo mantiene el ritmo actual, otras 200.
Esta comunidad autónoma destina más de 3,7 millones de euros para atender las necesidades de estos menores. No obstante, la ONG Save the Children señala que los recursos de acogida de Andalucía también se ven “sobreocupados” y apunta que “incluso hay menores durmiendo en la calle, fuera del sistema de protección”, aunque desconocen el número de menores migrantes que pueden vivir en las calles andaluzas.
Otro punto de vista
El Faro ha contactado con seis jóvenes de las ciudades de Granada, Córdoba y Málaga para conocer su opinión sobre este fenómeno migratorio que tiene un determinado impacto en la sociedad de acogida, especialmente en la inversión para tratar las necesidades de cada uno de estos niños.
Alejandro Peso y Juan Ivorra son dos amigos de Granada que conocen la situación de los menores extranjeros no acompañados acogidos en los centros tutelados de esta ciudad andaluza y de Motril y aseguran que nunca se han encontrado con ninguno de estos niños por la calle.
“Tanto si son niños como adolescentes o adultos, si han dejado su ciudad o país natal y se han desplazado a otro es porque las condiciones de vida allí no eran buenas, eso lo tengo muy claro”, dice Peso y reconoce: “Si me encontrara a un niño migrante, solo en la calle, no sabría cómo reaccionar. Nunca me lo había parado a pensar, ni siquiera se me habría ocurrido llamar a servicios sociales o a la policía”. En este sentido, Ivorra afirma que tampoco se había planteado esta situación, pero asegura que “si tienen muy mala pinta porque están malos, cojean o están muy desaliñados, sí que llamaría”.
María Sánchez y Fran Gallardo, de Córdoba, comentan que habían oído hablar de estos menores, “sobre todo de forma despectiva”, dice ella, pero desconocen “los problemas que estos niños pueden generar”. Ambos jóvenes explican que algunos de los comentarios negativos que han oído hacen referencia a “la violencia, los robos y el consumo de drogas” de estos menores, pero no saben si es cierto o no. Sin embargo, reconocen que “no debe ser fácil vivir con tantos niños sin padres merodeando por la calle”, en referencia a la situación de Melilla y Ceuta. “Supongo que es normal que algunas personas se sientan inseguras”, dice él.
Ana M. y Dunia Hamed, de Málaga, aseguran que conocen muy de cerca el fenómeno de estos ‘niños de la calle’. Ana M. cree que “es una pena que se criminalice a estos menores cuando lo único que hacen es buscarse la vida como pueden”. Por su parte, Hamed opina que “hay que fomentar la educación en valores para evitar actitudes racistas”. Ambas entienden que “hay que impulsar la solidaridad y cooperación entre ciudadanos y Estados”.
