Melilla, también a la cola en enfermería

MADRID, 10/01/2025.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (i), y la ministra de Sanidad, Mónica García (d), se reúnen con enfermos de ELA y representantes de la organización ConELA este viernes. El Gobierno ha trasladado a la organización ConELA (Confederación Nacional de Entidades de Esclerosis Lateral Amiotrófica) el borrador de su plan de despliegue de la ley ELA, formado por 11 medidas, que se ha iniciado con la agilización de los trámites de valoración que permiten a los enfermos y sus familias acceder a las prestaciones y servicios. EFE/ Ministerio De Asuntos Sociales SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Cuando se afirma que la sanidad pública está bajo mínimos en Melilla ya no solo hay que referirse a la falta de médicos de Atención Primaria y especialistas sino que, además, tampoco existe un número razonable en

Enfermería, según reconoce el propio Ministerio que dirige Mónica García, del partido Sumar. Nuestra ciudad junto con Ceuta están a la cola en el ránking en el número de profesionales por habitantes y como el dato es tan negativo, las autoridades ministeriales han inventado un argumento para tratar de paliar su mala gestión: son las enfermeras que más cobran de España.

Lo que no dicen los del Ministerio de Sanidad, evidentemente, es que si tienen una nómina superior a sus pares en la península es por la aplicación en Melilla del plus de residencia que reciben todos los empleados públicos en esta ciudad. ¿Qué pasaría si no se le aplicara el citado plus? Seguramente, estarían entre las peores pagadas. Pero eso se lo callan.

Ha pasado ya un largo tiempo desde que la directora general de Ingesa, Isabel Muñoz, estuvo en la ciudad; también se han agotado meses desde la visita del secretario de Estado, que utilizó su cargo para ir contra el Gobierno de Imbroda mientras obviaba su propia responsabilidad en el casi colapso del sistema que tiene la obligación de gestión y de hacerlo, además, en exclusiva, dado que no hay ningún otro lugar en todo el Estado, a excepción de Ceuta, donde semejante personaje tenga competencias y pueda trabajar.

El tiempo pasa y aquí no se ve ni una mínima mejora en cuanto a la llegada de especialistas. A modo de ejemplo, dos situaciones reales: un paciente lleva desde marzo de 2024 esperando una cita con el otorrino y sin visos de que se le vaya a facilitar al consulta; otro consiguió que le viera el digestivo después de ocho meses aguardando el momento. Resulta que ya se ha hecho todas las pruebas solicitadas y ahora ni siquiera sabe cuándo podrá volver a la consulta para conocer un diagnóstico y el tratamiento en cuestión.

El hospital sigue cerrado mientras la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, se escuda en que la culpa es de la Ciudad Autónoma, que no le da la licencia de primera ocupación. ¿Se imaginan qué pasaría si se da la licencia sin que se cumplan las normas y luego pasara una desgracia en la infraestructura del edificio? La delegada sería la primera en exigir responsabilidades al Gobierno de Imbroda.

En fin, la sanidad de Ceuta y Melilla parece no interesar excesivamente al Ministerio que la tiene como única competencia. Mónica García es que solo tiene que gestionar dos hospitales y aún así, el sistema es lamentable, cada día peor en cuanto a los servicios mientras los melillenses que pueden pagarlo se marchan a la península o buscan especialistas en la privada. Esa es la solidaridad que propugna el Ministerio de Sanidad: si tienes dinero tendrás atención sanitaria fuera del sistema público y conseguirás obtener salud y bienestar; si no lo tienes, aguanta con lo que hay y a esperar, aunque pierdas la vida en el intento.

La ministra ha sido incapaz de visitar la ciudad y la razón es simple: no quiere enfrentarse a una realidad que trata de ocultar por todos los medios. No habría mejor forma de conseguir avances que el hecho de que Mónica García sufriera las listas de espera a pesar del malestar durante meses y meses hasta darse cuenta de lo injusto que es tratar así a quienes financian el servicio.