La sanidad pública de Melilla vuelve a situarse en el centro de la polémica tras conocerse un nuevo caso que ha puesto de manifiesto una de sus carencias más graves: la ausencia de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica operativa para atender emergencias neonatales y pediátricas de alta complejidad. Esta limitación estructural obliga a que los casos más críticos deban ser derivados fuera de la ciudad, con los riesgos que ello implica para pacientes especialmente vulnerables.
El caso, difundido recientemente a nivel nacional por el diario La Razón, se centra en una recién nacida que sufrió una grave complicación médica en sus primeros días de vida. Según el relato de la familia, el Hospital Universitario de Melilla no disponía de los medios necesarios para afrontar una emergencia neonatal de tal magnitud, lo que hizo imprescindible su traslado urgente a un centro hospitalario de la península. La falta de una UCI pediátrica específica fue determinante en este proceso.
La situación descrita no es nueva en la sanidad melillense. Desde hace años, Melilla carece de una unidad especializada para atender a bebés y menores en estado crítico, una circunstancia que obliga a utilizar recursos pensados para adultos o a activar complejos traslados sanitarios. En emergencias de este tipo, cada minuto resulta decisivo y la dependencia de evacuaciones externas introduce factores de riesgo adicionales.
La gestión de estos traslados, además, se ve condicionada por la disponibilidad de personal especializado, concretamente pediatras con formación en cuidados intensivos capaces de acompañar a los pacientes durante el desplazamiento. En situaciones límite, esta carencia puede retrasar decisiones clínicas clave, como ocurrió en este último episodio, según expuso la familia afectada.
Este escenario se produce pese a que Melilla cuenta desde junio de 2025 con un nuevo Hospital Universitario, inaugurado oficialmente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como una infraestructura llamada a modernizar y reforzar la atención sanitaria en la ciudad. Sin embargo, la apertura del centro no ha ido acompañada, según diversas denuncias formuladas en las últimas semanas, de una dotación suficiente de recursos humanos y servicios plenamente operativos.
Los sindicatos sanitarios ya habían advertido con anterioridad a este caso de importantes deficiencias estructurales y organizativas en el nuevo hospital. Organizaciones como CSIF denunciaron que el centro comenzó su actividad sin el refuerzo necesario de personal, lo que ha generado sobrecarga laboral, problemas de planificación y dificultades para garantizar una atención adecuada en determinados servicios. Estas advertencias no surgieron como reacción a un caso concreto, sino que formaban parte de un diagnóstico sobre el funcionamiento del hospital.
Entre los problemas señalados por los representantes de los trabajadores figuraban la falta de profesionales en distintas categorías, deficiencias en la coordinación interna y una puesta en marcha que no tuvo en cuenta las dimensiones reales del nuevo complejo hospitalario, notablemente mayor que el antiguo centro sanitario. Todo ello, según CSIF, ha repercutido directamente en la calidad asistencial.
A estas carencias se suma un contexto sanitario marcado por dificultades crónicas para cubrir plazas de especialistas en Melilla, especialmente en el ámbito de la Pediatría. La falta de profesionales suficientes limita la capacidad del sistema para responder con rapidez y eficacia a situaciones críticas, como las emergencias neonatales.
El caso conocido recientemente ha vuelto a poner el foco en una realidad que profesionales y usuarios llevan años señalando: Melilla no dispone de los recursos necesarios para atender determinadas urgencias vitales sin depender de la península. La ausencia de una UCI pediátrica no es un hecho aislado, sino parte de un modelo sanitario que, según las denuncias, continúa sin resolver problemas estructurales clave.
Mientras tanto, las familias melillenses siguen dependiendo de traslados urgentes fuera de la ciudad para garantizar la atención especializada de sus hijos en los casos más graves, una situación que reabre el debate sobre la planificación sanitaria y la capacidad real del sistema para proteger a los pacientes más frágiles.
