El Gobierno de Melilla ha expresado su rotundo rechazo al nuevo decreto del Ejecutivo central que establece un sistema de reparto de menores extranjeros no acompañados (MENA) entre las comunidades autónomas. Desde la Ciudad Autónoma se considera que la medida es “un disparate descomunal”, y no se descarta acudir a la vía judicial si finalmente se impone su aplicación en los términos actuales.
Según ha manifestado el Gobierno melillense, la decisión no se ha tomado con criterios técnicos ni de justicia territorial, sino como parte de las concesiones políticas realizadas por el presidente Pedro Sánchez al expresident catalán Carles Puigdemont. “Esto no lo ha decidido el Gobierno de España, lo ha marcado Puigdemont, y Sánchez se limita a obedecer”, critican desde el Ejecutivo local, insistiendo en que “el presidente prefiere humillar a todos los españoles con tal de mantenerse en su sillón”.
La indignación de la administración melillense se apoya, principalmente, en el historial de atención a menores migrantes que acumula la ciudad. En 2018, Melilla acogió a 1.975 menores, y en 2019 la cifra superó los 2.100, lo que convierte a la ciudad en una de las que más carga ha soportado en este ámbito. “Después de todo lo que ha pasado Melilla, del gasto que ha asumido y de la falta de apoyo del Gobierno, que ahora se nos diga que encima nos van a mandar más menores es surrealista”, denuncian.
Desde el Ejecutivo local se recalca que la Ciudad Autónoma lleva años realizando un esfuerzo continuado en la atención a menores migrantes sin contar con un respaldo económico adecuado del Estado. “Aquí pedimos ayuda al Gobierno de Sánchez y miró para otro lado. Nos dejaron solos”, recuerdan. Por ello, defienden que cualquier criterio de redistribución territorial debería tener en cuenta ese esfuerzo previo, lo que, en su opinión, justificaría que Melilla quedara excluida del nuevo reparto.
En relación con la posibilidad de acudir a los tribunales, el Gobierno local ha dejado claro que la vía judicial está sobre la mesa y será considerada una vez se conozcan con precisión los términos legales del decreto. “Tendremos que analizarlo, pero no se descarta presentar una reclamación”, han asegurado fuentes del Ejecutivo.
La polémica también ha incluido un cruce de acusaciones con el PSOE, después de que los socialistas cuestionaran las cifras difundidas por el presidente Juan José Imbroda sobre la cantidad de menores que podrían ser derivados a Melilla. Desde la Ciudad Autónoma desmienten tajantemente que se haya ofrecido una cifra inventada. “Lo que se dijo fue lo que venía publicado. El presidente no se inventó nada. Si mañana Puigdemont cambia las cifras, Sánchez las asumirá sin rechistar”, señalan desde el Ejecutivo local, apuntando a la falta de transparencia en la toma de decisiones del Gobierno central.
Este nuevo episodio se suma a una creciente tensión entre el Gobierno de España y algunas comunidades autónomas en torno a la gestión de los menores extranjeros no acompañados. Como ya informó El Faro de Melilla, tanto el presidente melillense como el de Galicia expresaron hace pocos días su rechazo al nuevo modelo de reparto, cuestionando incluso su encaje legal y alertando sobre una posible invasión competencial.
El Ejecutivo melillense insiste en que el reparto debería responder a criterios objetivos, como la capacidad real de acogida de cada comunidad, el esfuerzo realizado en años anteriores y la situación de los recursos disponibles. “Melilla no puede seguir siendo la gran olvidada cuando se reparten responsabilidades, pero la primera en la lista cuando se reparten cargas”, advierten.
A la espera de que el Gobierno concrete los detalles de cómo se aplicará el decreto, Melilla mantiene su postura firme y prepara un posible recurso judicial como vía de respuesta. Mientras tanto, insiste en reclamar diálogo, equidad y una distribución justa que reconozca el trabajo que durante años ha asumido la ciudad en solitario.
