Enusa, la empresa estatal propietaria del 50% de Residuos de Melilla (Remesa), sociedad que gestiona la incineradora de la ciudad, vuelve a aparecer en la investigación del caso Leire. Según ha avanzado Libertad Digital, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge que, en julio de 2021, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero remitió un documento para una reunión con Antxon Alonso y Leire Díez en el que se trataba la situación de las instalaciones de Melilla.
De acuerdo con la UCO, el correo llegó el 6 de julio de 2021 a la cuenta corporativa de Alonso en Servinabar, la firma de la que es socio junto a Santos Cerdán. Llevaba por asunto “Reunión de hoy en Servinabar” y adjuntaba un guion para un encuentro ese mismo día en la sede de Pamplona.
El documento, cuyo título aludía a una “reunión con Antxón y Leire”, se dividía en 29 puntos. El número 18 abordaba una operación que unía a Enusa, a Remesa y a una unión temporal de empresas (UTE) de Cervera del Maestre, en Castellón.
En ese apartado se planteaba tramitar un único expediente para sustituir a Enusa en la UTE castellonense. Tendría preferencia el aspirante que, además del precio, asumiera el usufructo de las acciones de Remesa y la compra o el arrendamiento de unos terrenos en Saelices.
Según los investigadores, en los días posteriores Fernández Guerrero mantuvo contactos con personal de Enusa, como reflejan sus mensajes con Alonso en Threema. Hablaron del marco jurídico para vender la actividad de residuos sólidos urbanos del grupo Enusa y de una consulta a un catedrático sobre el abandono de ese negocio.
Para la UCO, el dictamen del catedrático respaldaba las intenciones de los integrantes del grupo Hirurok y de directivos de Enusa y Acciona, de lo que “se deduce la existencia de un concierto de los miembros del grupo Hirurok con directivos de la empresa estatal”.
Según Libertad Digital, Hirurok es el grupo que presuntamente cobraba comisiones por contratos públicos o rescates en la SEPI, y del que también formaba parte Leire Díez, que trabajó en Enusa. Fernández Guerrero ya está imputado en las causas por el presunto amaño de contratos de la sociedad estatal.
En diciembre de 2025, la UCO incluyó a Remesa entre las entidades investigadas, y La Sexta situó un contrato de Enusa a Remesa entre los cinco bajo sospecha, fechados entre 2021 y 2023. Los informes apuntaban entonces a un plan para que Acciona se hiciera con la incineradora melillense y con el centro de Castellón.
Ese periodo coincide con el Gobierno local formado por CpM, el PSOE y Eduardo de Castro. Al conocerse el caso, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, afirmó que a Enusa “le entró una prisa rápida para vender su parte” y atribuyó al popular Manuel Ángel Quevedo, entonces consejero de la empresa en su condición de consejero de Medio Ambiente, haber frenado la operación. Imbroda anunció además que la Ciudad investigaría lo ocurrido.








