El último Informe del Desperdicio Alimentario en España, publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), revela que en todo el país se han desperdiciado más de 1.125 millones de kilos o litros de alimentos y bebidas, tanto dentro como fuera de los hogares. Esta cifra equivale a 24,38 kilos o litros por persona al año, una media que, si bien ha descendido ligeramente respecto a 2023, sigue siendo preocupante.
El documento también señala que el 97,5 % del desperdicio se produce dentro del hogar, con un volumen que supera los 1.097 millones de kilos o litros. No obstante, pese a la amplia recopilación de datos y al análisis detallado por zonas y tipos de productos, Melilla no aparece en las estadísticas. Ni en los datos cuantitativos ni cualitativos se especifica qué ocurre en la ciudad autónoma respecto a este problema, lo que supone una ausencia significativa en la planificación y evaluación de políticas públicas.
La falta de datos oficiales para Melilla no solo deja al territorio al margen de las decisiones estratégicas a nivel estatal, sino que también dificulta la puesta en marcha de medidas efectivas adaptadas a la realidad local. Esta situación genera preocupación en distintos sectores, ya que impide tener una imagen precisa del volumen de desperdicio alimentario que se produce en la ciudad, tanto en hogares como en establecimientos de restauración.
A esta invisibilidad estadística se suma una aplicación limitada de la Ley 1/2025, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Aunque esta norma se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y su propósito es reducir el despilfarro en toda la cadena agroalimentaria, en Melilla su cumplimiento resulta complicado. El motivo principal es el tamaño reducido del tejido comercial, formado en gran medida por pequeños negocios que no disponen de los recursos logísticos o administrativos necesarios para aplicar todos los puntos de la legislación.
Pese a este contexto adverso, Melilla ha puesto en marcha iniciativas propias para hacer frente al desperdicio alimentario, lideradas principalmente por el Banco de Alimentos de Melilla. Esta entidad trabaja en red con diferentes actores del territorio, impulsando programas que incluyen la cooperación portuaria para la recepción y redistribución de productos, así como acciones de educación comunitaria dirigidas a fomentar un consumo responsable y evitar el despilfarro en los hogares.
Además de su labor cotidiana, Melilla también participa activamente en jornadas y foros regionales dedicados a la gestión del desperdicio. En estos espacios, la ciudad autónoma ha compartido su experiencia en el desarrollo de soluciones adaptadas a su realidad geográfica y demográfica, centradas en la colaboración ciudadana, la reutilización de alimentos y la formación en buenas prácticas.
La contradicción entre una ausencia total de datos oficiales y el esfuerzo local por mitigar el problema pone de relieve la necesidad de que el Estado incluya a todos los territorios en sus estudios e informes sectoriales, especialmente en temas tan sensibles como el desperdicio alimentario, que tienen implicaciones medioambientales, sociales y económicas.
Mientras espera ser tenida en cuenta en futuras estadísticas nacionales, Melilla continúa construyendo su propio modelo de lucha contra el desperdicio, basado en la cooperación, la conciencia social y el compromiso de entidades como el Banco de Alimentos. Un modelo que, aunque invisible en los informes oficiales, demuestra que las soluciones pueden surgir también desde lo local.
