Melilla exige al Gobierno central que “se ponga las pilas” tras el informe sobre pobreza

La Ciudad Autónoma de Melilla ha alzado la voz ante el Gobierno de España tras la publicación del primer Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social, elaborado por Cáritas, que sitúa a la ciudad entre los territorios con mayor desigualdad del país. “Estamos hartos de predicar en el desierto”, manifestó este miércoles el presidente melillense, Juan José Imbroda. El jefe del Ejecutivo local reclamó un compromiso real por parte del Ejecutivo nacional para revertir los graves indicadores sociales que arrastra la ciudad y advirtió de que, sin un cambio de rumbo desde Madrid, no habrá “revulsivo importante” posible.

Según el informe presentado por Cáritas en colaboración con la Fundación FOESSA, un 32% de la población de Melilla se encuentra en situación de exclusión social. Esta cifra, ya de por sí alarmante, se eleva de forma dramática en determinados grupos: el 75% de las personas con nacionalidad extranjera viven en exclusión; el 38% de los hogares musulmanes también están afectados; y casi la mitad de los menores de edad (44%) crecen en contextos vulnerables. Por contraste, solo el 12% de los mayores de 65 años se encuentra en esta situación.

Imbroda señaló que, pese a los esfuerzos del Gobierno autonómico, los recursos locales “no dan para tanto”. “El presupuesto de la Ciudad está orientado a que nadie se acueste sin comer”, aseguró, al tiempo que defendió que su Ejecutivo realiza una “importantísima labor social de muchos millones” en colaboración con entidades como Cáritas. Sin embargo, reiteró que el cambio de rumbo estructural depende del Ejecutivo nacional, al que reprochó que haya retirado inversiones claves, como la ampliación del puerto melillense. Este proyecto, valorado en 300 millones de euros, “lo quitó el Gobierno nacional”, denunció.

Entre las medidas que, según el presidente, deberían impulsarse desde el Gobierno central se encuentran la reactivación de bonificaciones a las cuotas patronales de la Seguridad Social, que históricamente han sido fundamentales para estimular el empleo en territorios extrapeninsulares como Melilla. “Es el Ejecutivo nacional quien lleva la política económica. Nosotros no podemos hacerlo solos”, insistió Imbroda.

A pesar de la crudeza del diagnóstico del informe FOESSA, el presidente expresó su satisfacción por uno de los puntos señalados por los autores: “Han dejado claro que no existe discriminación en función del color o la religión. Aquí todos somos iguales”, celebró. No obstante, los datos reflejan una realidad más matizada, en la que se observa un claro “patrón religioso que refuerza y solapa desigualdades”. Así, los hogares musulmanes presentan niveles de exclusión “claramente superiores” a la media, lo que pone de manifiesto que los factores culturales y de origen siguen condicionando las oportunidades sociales en la ciudad.

La Ciudad Autónoma, por su parte, ha respaldado públicamente a Cáritas y ha reiterado su compromiso de colaborar “estrechamente” con todas las demandas sociales que le sean planteadas. “Apoyamos todas sus conclusiones, y si hace falta, iremos a protestar donde quieran”, aseguró el presidente, dejando la puerta abierta a futuras movilizaciones si no se percibe un cambio en la actitud del Ejecutivo central.

El informe FOESSA, cuya presentación en Melilla ha marcado un antes y un después en el diagnóstico social de la ciudad, advierte que la exclusión social no solo se traduce en carencias económicas, sino también en la dificultad de acceso a servicios básicos, educación, empleo digno o participación política. Los expertos que han elaborado el documento coinciden en que la solución requiere una estrategia de país, y no únicamente el esfuerzo de administraciones locales.

La petición del Ejecutivo melillense se suma así a un clamor cada vez más extendido entre organizaciones sociales y colectivos ciudadanos que reclaman atención urgente para territorios periféricos y con alta complejidad social. Melilla, con su singularidad geográfica y su diversidad cultural, aparece ahora ante el espejo de un informe que pone cifras a una realidad que lleva años denunciándose: la pobreza estructural exige voluntad política, inversión sostenida y medidas valientes para ser combatida. El balón está en el tejado del Gobierno central.