Melilla se sitúa entre las regiones españolas con menor nivel de ejecución de los fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), según los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Hacienda y recogidos por El Economista. A fecha de noviembre de 2024, la ciudad presenta una tasa de resolución del 36,9%, muy por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 64,4%.
Este dato sitúa a Melilla junto a Ceuta y Cataluña como las tres comunidades con peor rendimiento en la gestión de estos recursos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), la principal herramienta financiera impulsada por la Unión Europea para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia de la COVID-19, y para acelerar la transición ecológica y digital.
La tasa de resolución hace referencia al porcentaje de los fondos cuya concesión ya ha sido tramitada y resuelta por parte de las administraciones competentes. En el caso de Melilla, el porcentaje refleja que poco más de una tercera parte de los fondos asignados han sido gestionados o comprometidos, lo que podría afectar a la capacidad de la ciudad para beneficiarse de nuevas partidas en el futuro.
Desde el Ministerio de Hacienda se ha insistido en la necesidad de mantener un ritmo constante de ejecución para cumplir con los hitos y objetivos comprometidos con la Comisión Europea. España, como país receptor, está sujeta a estrictos mecanismos de evaluación que condicionan la recepción de fondos adicionales a la correcta y efectiva utilización de los ya concedidos. Por este motivo, el bajo grado de ejecución en determinadas regiones podría tener consecuencias no solo locales, sino también a nivel estatal.
El sistema nacional de gestión del Plan de Recuperación permite hacer un seguimiento detallado del avance de cada comunidad autónoma, tanto en la convocatoria como en la resolución de los proyectos financiados. Los fondos están destinados a sectores clave como la modernización digital, la sostenibilidad ambiental, la mejora del sistema educativo, el impulso a la movilidad sostenible o la rehabilitación energética de edificios, entre otros.
Este bajo nivel de ejecución contrasta con los datos presentados meses atrás sobre otros fondos europeos estructurales. En concreto, Melilla había sido destacada por su buen desempeño en la gestión del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) correspondiente al periodo 2021-2027. Según datos difundidos por el Ministerio de Trabajo, a mediados de 2024 la ciudad autónoma ya había comprometido cerca del 50% del gasto asignado, lo que la situaba por encima de la media nacional en esa línea específica.
El FSE+ está orientado a políticas activas de empleo, formación, apoyo a colectivos vulnerables e inclusión social. La experiencia acumulada por las administraciones melillenses en este tipo de fondos podría explicar su mejor desempeño, en contraste con las dificultades que presenta la ejecución del MRR, que requiere otro tipo de planificación y capacidad técnica para impulsar proyectos complejos, innovadores y con impacto estructural.
Entre los proyectos que Melilla ha podido impulsar con fondos del PRTR se incluyen iniciativas de digitalización de la administración, modernización del sistema educativo, impulso a la economía circular, transición energética, o refuerzo de los servicios públicos. Sin embargo, el ritmo de tramitación ha sido insuficiente para alcanzar niveles óptimos de ejecución.
A falta de poco más de un año para que finalice el plazo establecido por la Comisión Europea para comprometer el total de los fondos del Plan de Recuperación, previsto para finales de 2026, la ciudad se enfrenta al reto de acelerar sus procedimientos administrativos, reforzar su capacidad de gestión y mejorar la coordinación entre organismos locales, regionales y estatales.
Expertos consultados por medios especializados advierten que una ejecución ineficiente no solo puede suponer la pérdida de oportunidades de inversión estratégica, sino también comprometer la credibilidad institucional de cara a futuras convocatorias europeas. Además, alertan de que este tipo de retrasos podría incidir negativamente en la percepción de la ciudadanía sobre la utilidad de los fondos europeos, especialmente en territorios donde las necesidades sociales y económicas son especialmente relevantes.
