La asociación Mec de la Rue ha denunciado el “abandono” que sufren los menores migrantes en Melilla por las condiciones del centro de protección de La Purísima y el riesgo que corren al intentar llegar a la península como polizones. La entidad ha hecho estas declaraciones a EFE después de que la Guardia Civil rescatara este miércoles en el puerto a un menor oculto bajo más de siete toneladas de chatarra en una batea.
La ONG asegura conocer a este niño, que vive en la calle, como otros muchos menores que rechazan ser acogidos en La Purísima por sus condiciones y por la saturación que arrastra desde las entradas de finales de julio.
“Han pasado casi tres meses y, según la información recabada por nuestra entidad, continúan existiendo graves carencias que comprometen su bienestar, su seguridad y el ejercicio de sus derechos”, ha señalado la asociación.
Entre esas carencias, enumera la falta de espacio, de intimidad y de taquillas para guardar las pertenencias, lo que favorece los conflictos y los robos, además de la falta de ropa y calzado adecuados para el frío. También sostiene que los menores “no han sido escolarizados” y carecen del acompañamiento educativo y la atención individualizada que necesitan.
Según la entidad, esa situación los empuja a entrar y salir del centro y a intentar colarse como polizones en los barcos, lo que “los expone a riesgos evidentes para su integridad física y su seguridad”.
El rescate de este miércoles lo realizaron agentes de la 1.ª Compañía Fiscal y de Fronteras. Un perro del Servicio Cinológico confirmó la presencia del menor entre los hierros y efectivos del Speis colaboraron en su extracción. El joven, indocumentado y sin lesiones, quedó bajo tutela en La Purísima.
Mec de la Rue lamenta que, pese a las alertas de esta y otras entidades, las administraciones no hayan introducido los cambios necesarios. “Los menores bajo tutela pública tienen derecho a una protección efectiva, con independencia de cómo hayan llegado a la ciudad o de la presión que soporte el sistema de acogida”, ha defendido.
Por ello, reclama condiciones dignas en el centro, más medios materiales y humanos, la escolarización de los menores, un seguimiento individualizado y una respuesta institucional clara y verificable. “Ningún niño debería tener que jugarse la vida intentando escapar de un lugar en el que tendría que sentirse protegido”, ha subrayado.
La asociación ya acudió en agosto a la Fiscalía de Menores, y en octubre trasladó a este organismo y al Defensor del Pueblo el caso de una treintena de menores que vivían en la calle. A finales de septiembre, la ciudad llegó a acoger a 360 menores, más del cuádruple de las 84 plazas fijadas en la declaración de contingencia migratoria.
