El Pleno de la Asamblea de Melilla ha aprobado por mayoría absoluta —con 21 votos a favor y una abstención— la convalidación del reconocimiento de la revisión ordinaria de precios correspondiente a las obras de la nueva Jefatura de la Policía Local, por un importe de 145.221,42 euros.
El punto salió adelante tras un debate centrado no en el fondo del proyecto, sino en el procedimiento administrativo seguido, después de que Intervención emitiera un informe señalando la omisión de la función interventora y requiriera la elevación del expediente al Pleno para su convalidación, conforme al artículo 28 del Real Decreto 424/2017.
El diputado del grupo Vox, José Miguel Tasende, planteó en su intervención una cuestión relativa a las objeciones formuladas por Intervención el 9 de diciembre de 2025. Según explicó, su grupo no tuvo acceso completo al expediente informático y únicamente pudo consultar parte de la documentación en Secretaría.
“Es una pregunta que quizá es más de comisión, pero como no tuvimos acceso fácil al expediente informático, nos dieron en Secretaría una parte del expediente, pero no todo”, señaló.
Tasende preguntó expresamente si las objeciones planteadas por Intervención ya habían sido subsanadas, calificando el asunto como “una pregunta muy compleja”, y dejó constancia de las dificultades de acceso a toda la documentación.
Por su parte, el diputado del Grupo Mixto Somos Melilla, Amín Azmani, centró su intervención en el procedimiento administrativo y en lo que considera errores reiterados en la tramitación de expedientes por parte de la Administración.
“Intervenimos en este punto porque consideramos que estos errores son frecuentes y que cuestionan el propio procedimiento de la Administración”, afirmó.
Azmani subrayó que no pretendían debatir sobre el proyecto en sí ni sobre el destino de la infraestructura, sino sobre la forma en que se había gestionado el expediente. En este sentido, destacó que el informe de Intervención era “bastante contundente”, al calificar el caso como un supuesto de omisión de la función interventora, lo que implica que no se ejerció el control previo obligatorio.
Según explicó, la empresa contratista solicitó en marzo de 2025 la revisión ordinaria de precios. Los servicios técnicos exigieron un informe favorable, pero el órgano competente aprobó el gasto sin que se realizara la fiscalización previa obligatoria por parte de Intervención.
“Intervención emite un informe señalando la omisión de la función interventora y además exige que se aplique el artículo 28 del Real Decreto 424-2017, que es elevar el expediente al Pleno para su convalidación”, detalló.
El diputado consideró que este tipo de situaciones deberían evitarse y recordó que ya había advertido en otras ocasiones sobre fallos similares. No obstante, reconoció que, llegado este punto, no quedaba más remedio que aceptar la omisión y proceder a su convalidación. “Esto nos lo podíamos haber ahorrado”, lamentó.
En respuesta a las intervenciones de la oposición, el consejero de Fomento, Miguel Marín, defendió la corrección del expediente y restó gravedad a lo sucedido, calificándolo como un error puntual de tramitación administrativa.
En primer lugar, confirmó al diputado de Vox que las objeciones habían sido subsanadas. Posteriormente, respondió a las críticas de Somos Melilla negando que se trate de errores frecuentes.
“Esto es un expediente que se lleva a cabo con todos los informes preceptivos y le aplica algo que es muy sencillo”, explicó.
Marín detalló que, cuando el expediente estaba a punto de concluir, el funcionario responsable tenía dos opciones en su sistema informático: pulsar la tecla de “resolución” o la de “resolución con fiscalización”. Según indicó, el empleado público cometió un error al seleccionar la primera opción.
“El funcionario se equivoca en un error y le da la tecla de resolución. Y, por tanto, hay que retrotraerse de nuevo”, señaló.
El consejero insistió en que todos los informes técnicos estaban incorporados al expediente y eran correctos. La única cuestión pendiente era que el documento pasara por el trámite formal de fiscalización previa. “El expediente es correcto y traemos a este pleno el pago correspondiente. Es así de sencillo. No hay más”, afirmó.
Miguel Marín rechazó de forma expresa la afirmación de que este tipo de fallos sean habituales en la Administración local.
“Si de decenas de miles de expedientes hay errores tres, cuatro, cinco, ocho, no diga usted que los errores son frecuentes”, respondió al diputado Azmani.
A su juicio, se trata de incidencias puntuales dentro de un volumen muy elevado de tramitaciones administrativas. “Error puede cometer cualquier persona, cualquiera de nosotros. Es un error mínimo porque cuenta con todos los informes técnicos”, defendió.
El consejero subrayó que el trámite adicional de elevar el asunto al Pleno no altera la legalidad ni el fondo del expediente, sino que responde a la necesidad de subsanar formalmente la omisión detectada por Intervención.
