El Ministerio de Hacienda de la inefable María Jesús Montero dictó una normativa según la cual, todo el dinero procedente del superávit presupuestario de los ayuntamientos españoles debían utilizarse para amortizar deuda contraída con los bancos a través de diferentes créditos. Esa decisión fue duramente contestada desde Melilla. El presidente Imbroda siempre consideró muy injusto que la buena gestión económica desarrollada en la Ciudad Autónoma y que había permitido el ahorro de más de 17,7 millones de euros no pudiera llevarse a inversión sino al pago de préstamos.
Dada la letra de la directriz estatal, recientemente el Pleno de la Asamblea aprobó una modificación en los presupuestos para poder cumplir con la ley y pagar esos 17,7 millones antes de que acabara este año 2025. Y resulta ahora, cuando están en plena tramitación los presupuestos de 2026 y que el acuerdo plenario está a punto de cumplir el plazo de exposición pública para proceder al pago del dinero, el Gobierno de Sánchez se descuelga y dice que no, que ya esa norma no vale y que ahora sí se puede emplear el superávit de 2024 en inversiones públicas por parte de los ayuntamientos.
Eso era desde el principio lo que querían los municipios, pero a nivel nacional el Gobierno era inflexible. Sin embargo, la necesidad que tiene Pedro Sánchez de "arreglarse" con Carles Puigdemont ha permitido que, al final, el dinero pueda ir a inversiones en su interés por agradar al separatista fugado.
¿Cuál es el problema? Pues que no es tan fácil revertir el acuerdo plenario sobre la amortización de deuda y que hacerlo conllevará un plazo de tiempo no inferior a, por lo menos, un mes. En cualquier caso, Imbroda ya ha anunciado que los equipos técnicos de la Ciudad Autónoma están trabajando intensamente en llevar a cabo esa labor porque lo ideal sería que esos 17,7 millones pudieran entrar a formar parte del capítulo de inversiones del presupuesto de 2026, actualmente en fase de debate previo en la correspondiente comisión informativa de la Asamblea.
Juan José Imbroda ha dejado claro que con ese importe económico podrían construirse viviendas, una de las políticas más importantes que se pueden desarrollar en una ciudad como Melilla, donde el propio PSOE lleva 7 años sin poner ni un ladrillo y donde los alquileres han llegado a un precio histórico por lo elevado que resultan, a veces prohibitivos incluso si tan solo se busca tener una habitación en una casa compartida.
Bien está lo que bien acaba y es una buena noticia contar con ese importe de dinero para hacer inversiones públicas. Lo que queda entredicho aquí es la postura del Gobierno de Sánchez, que crea inseguridad jurídica incluso en las propias administraciones y que solo se mueve por los propios intereses del jefe del Ejecutivo de permanecer en La Moncloa que por lo de todos los españoles.
