La segunda de la cartera de Exteriores elogia la “modélica” colaboración que existe con España.
La ministra delegada de Asuntos Exteriores de Marruecos, Mbarka Bouaida, alertó ayer a la Unión Europea de que “el flujo migratorio no se puede parar sin más”. Según explicó, esta situación debe ser reconocida por la UE, además de entender que frenar la inmigración es una responsabilidad compartida entre los países emisores y receptores de inmigrantes.
Al hilo de estas declaraciones, Bouaida expresó su satisfacción por las buenas relaciones y cooperación “modélica” entre su país y España en el ámbito económico, de seguridad e inmigración.
En este último aspecto, Marruecos ha logrado reducir el flujo de inmigración hacia España entre un 80 y un 90% en los últimos años, dijo la segunda en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
“Estamos muy contentos de las relaciones que tenemos con España, que es ahora el primer socio de Marruecos en muchas áreas”, declaró, al explicar que en materia económica ambos países han conseguido hacer evolucionar sus relaciones bilaterales.
“A nivel político hay un entendimiento excepcional”, destacó al afirmar que trabajan mucho y cooperan bastante en términos de seguridad y estructuración de la emigración.
España, además, “es un socio y amigo de Marruecos dentro de la UE”, señaló Bouaida, que se refirió a los proyectos para la creación de un foro de negocios entre ambos países y otro de la sociedad civil para acercar a sus pueblos.
Al hablar del problema de la inmigración, la ministra delegada recordó que hace años ambos países tenían “muchos problemas” en el tema de la inmigración, pero en este periodo de buenas relaciones se ha desarrollado “una cooperación muy constructiva”.
“Ahora hemos conseguido reducir esos flujos (de inmigración) entre el 80 y el 90 % con la nueva política migratoria de Marruecos, que consiste en integrar a los inmigrantes” en el país.
Eso quiere decir que “no rechazamos a los inmigrantes sino que los integramos”, lo que supone “un desafío muy grande, pero lo estamos consiguiendo. Hemos logrado regularizar 10.000 personas en un año”, destacó.
En definitiva, es un problema que hay que abordar con políticas a largo plazo dirigidas a una mayor integración regional, en opinión de la diplomática marroquí.
Mbarka Bouaida participó el pasado miércoles en Madrid en la Conferencia para la Estabilización y Desarrollo de Libia.
Rabat reclama a Turquía que exija visado a viajeros marroquíes para frenar yihadistas
El Gobierno de Marruecos ha pedido al de Turquía que imponga el visado a los ciudadanos marroquíes como medida para frenar el yihadismo.
Esta insólita petición de imposición de visado a sus nacionales, aún no confirmada oficialmente, tiene que ver con la constatación del hecho de que los yihadistas marroquíes eligen Turquía como puerta de entrada a Siria e Irak.
Según cifras oficiales marroquíes, 1.200 nacionales de Marruecos combaten en esos dos países en distintos grupos yihadistas (2.000 si se suman los europeos con doble pasaporte), lo que los convierte en uno de los grupos más numerosos tras los saudíes y los tunecinos.
Turquía se ha convertido en los últimos años en un destino muy apreciado para los marroquíes debido a que no impone el visado a los nacidos en Marruecos, como sí sucede con los europeos y con algunos árabes.
Según Rabat, hay 100.000 marroquíes que cada año vuelan a Turquía en viajes de turismo, negocios o de estudios.
La creciente preocupación que inspiran los yihadistas marroquíes que han viajado a Siria e Irak ha multiplicado las alarmas en el Gobierno marroquí.
El reino alauí se apunta a las deportaciones de inmigrantes aunque su ley no lo contempla
Marruecos deportó esta semana a Senegal a 11 personas en situación irregular y posiblemente un número mayor, ya que se desconoce el paradero de otros siete inmigrantes a los que la Policía trasladó ayer al aeropuerto de Casablanca.
Fuentes del colectivo Gadem, que defiende a los inmigrantes, aseguran que esta semana las autoridades marroquíes intentaron deportar a dos grupos de inmigrantes.
El primer grupo estaba integrado por 18 personas, la mayoría de nacionalidad senegalesa y 11 de ellas fueron deportadas el lunes pasado hasta Dakar, donde ya se ha confirmado su llegada.
Las otras siete personas fueron trasladadas el miércoles desde Tánger al aeropuerto de Casablanca y, según Gadem, probablemente fueron deportadas esa misma noche.
El segundo grupo, compuesto por 15 hombres y dos mujeres, la mayoría cameruneses y senegaleses pero también de otras nacionalidades, fue presentado el miércoles ante el Tribunal en Tánger.
El colectivo añade que tras pasar por el tribunal hubo una tentativa por parte de las autoridades de llevarles al aeropuerto de Casablanca, pero fue suspendida y los reenviaron a la comisaría de Tánger.
Gadem denuncia que las personas presentadas ante la Justicia fueron juzgadas sin abogados y sin intérpretes. Asimismo señala que por ley tienen derecho a 10 días para apelar la decisión del tribunal y las únicas sanciones penales para los delitos por inmigración irregular es la pena de cárcel y las multas, pero en ningún caso el “alejamiento” del territorio.
A principios de este mes, las autoridades marroquíes deportaron a sus países a 26 subsaharianos en distintos vuelos desde Casablanca por estar “implicados en actos de violencia”. Esta manera de proceder es inusual en Marruecos, ya que hasta hace poco expulsaba a las personas en situación irregular a la frontera con Argelia.
El Gobierno marroquí justificó las deportaciones de los 26 subsaharianos porque habían participado “en actos violentos” en Tánger y no habían iniciado el proceso de regularización excepcional de inmigrantes abierto el pasado 1 de enero, según dijo el ministro portavoz, Mustafa al Jalfi. Así dio a entender que todo inmigrante que haya iniciado este proceso no puede ser deportado del país.
El problema con el proceso de regularización es que es desconocido por muchos inmigrantes y los que lo conocen se encuentran muy lejos de cumplir los criterios exigidos o temen ser “fichados” por la Policía.
Hasta el momento, el Gobierno de Marruecos ha regularizado a 5.742 emigrantes (3.075 de ellos varones) y ha dado asilo a otros 549 hasta agosto pasado.
