Miguel Marín, vicepresidente primero del Gobierno de Melilla y consejero de Economía, puso en duda este pasado martes la imparcialidad del Partido Socialista en la gestión de los Planes de Empleo. Durante la sesión plenaria celebrada en la Asamblea, el dirigente popular ha preguntado directamente a la bancada socialista si es cierto que la delegada del Gobierno está solicitando a algunos vecinos de barrios melillenses que elaboren listados de personas desempleadas con la promesa de incluirlas en los próximos planes de empleo.
“Queremos saber si la Delegación del Gobierno está pidiendo a vecinos de determinados barrios una relación de personas sin trabajo para incluirlas en los planes. Y si eso se está haciendo a cambio de apoyo electoral, es extremadamente grave”, advirtió Marín, visiblemente molesto. Según el consejero, el Gobierno de la Ciudad “estará muy atento y vigilante” para evitar cualquier intento de manipulación de las familias melillenses mediante este tipo de estrategias.
El responsable económico del Ejecutivo local aseguró que la Ciudad Autónoma únicamente se limita a contratar a las personas incluidas en las listas que elabora la Delegación del Gobierno, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). “La selección de los candidatos no la hace la Ciudad. Es la Delegación quien remite los listados y nosotros ejecutamos los contratos. Esa es la verdad del proceso”, recalcó.
Además de cuestionar la presunta utilización electoralista de los Planes de Empleo, Marín aprovechó su intervención para cargar contra la actual gestión de estos programas desde el Ejecutivo central. Recordó que, según sus datos, en 2024 se perdieron hasta 16 millones de euros destinados a estos planes como consecuencia de lo que calificó como la “irresponsabilidad” de la entonces delegada del Gobierno, Sabrina Moh.
En ese sentido, también criticó que, debido a un cambio en la normativa que regula los planes, el Gobierno de la Ciudad se ha visto obligado a aportar una cuantía económica mayor para su puesta en marcha. En concreto, denunció que se han tenido que destinar más de 1,7 millones de euros extra, algo que calificó de “injusto” para los intereses de los melillenses. “No entendemos cómo la delegada del Gobierno ha permitido esta modificación tan perjudicial sin alzar la voz, y queremos saber por qué el PSOE ha permanecido en silencio ante semejante atropello”, añadió.
Desde las filas socialistas, el diputado Riduan Moh salió en defensa de la gestión de la Delegación del Gobierno y lanzó sus propias críticas al Ejecutivo de Juan José Imbroda. En su intervención, acusó al Gobierno local de “falta de transparencia” en todo lo relacionado con los procesos de contratación derivados de los planes de empleo. Según Moh, no se publican de manera clara los códigos de ocupación ni los resultados de los sondeos enviados por el SEPE, lo que “dificulta la igualdad de oportunidades entre los aspirantes”.
El parlamentario socialista añadió además que el Gobierno de la Ciudad está financiando lo que definió como el “excedente salarial” de las distintas categorías profesionales que se contratan. A su juicio, esta circunstancia se está utilizando como “herramienta de confusión” para desinformar a la ciudadanía sobre el funcionamiento de los planes.
La confrontación entre el Gobierno local y la Delegación del Gobierno por la gestión de los Planes de Empleo no es nueva, pero con estas nuevas acusaciones el debate político se recrudece. El uso de estos programas, que resultan vitales para muchas familias en situación de vulnerabilidad, se sitúa de nuevo en el centro de la polémica institucional.
Mientras desde el Ejecutivo local se pide transparencia y se alerta sobre prácticas supuestamente irregulares, desde el PSOE se denuncia oscurantismo por parte del Gobierno autonómico. Entre tanto, centenares de melillenses siguen esperando una oportunidad laboral clara, justa y libre de interferencias partidistas.
Todo ello, sin olvidar que los más altos dirigentes tanto del PSOE como de CpM fueron condenados en firme por el Supremo a penas de cárcel y de inhabilitación precisamente por utilizar los Planes de Empleo de 2008 como reclamo electoral en las generales que se celebraron aquel año y en la que ambas formaciones políticas concurrieron en candidatura conjunta.
Cree el ladrón que todos son de su misma condición.
Je je je je je..... Marín acusando a otros de compra de votos?? Esto es pa meaaa y no echaa gota!! Le habrán dao cruzá la última empolvaaa o la típica estrategia pa tapar corrupción y desfalco en sus gestiones?
¡ Se pienda el ladrón que todos son de su misma condición ! Que maravilla de refranero.