El presidente de la Autoridad Portuaria asegura que órganos judiciales avalan la legalidad del contrato
El presidente de la Autoridad Portuaria, Miguel Marín, se mostró ayer “ilusionado” y “tranquilo” por poder defenderse en el ‘caso Arquitecto’ “después de 10 años sufriendo y padeciendo juicios paralelos, sentencias condenatorias y descalificaciones”. El responsable del Puerto testificará en el Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla el próximo 16 de enero acusado por la Fiscalía de presunta prevaricación administrativa por la contratación de un arquitecto sin respetar el procedimiento establecido. Los hechos llevados a juicio corresponden a julio y agosto del 2007, cuando era consejero de Administraciones Públicas. Según el auto de acusación del Ministerio Público, Marín trató de “mantener el puesto de trabajo” de un arquitecto al que se contrató temporalmente. Marín insistió en que tres órganos judiciales avalan el expediente administrativo y apoyan la legalidad del proceso de contratación. Estos órganos jurisdiccionales son el Juzgado de lo Social de Melilla, la sala social del Tribunal Superior de la Junta de Andalucía y la Audiencia Provincial de Málaga en Melilla. El presidente de la Autoridad Portuaria aseveró que estos tres organismos defendían la legalidad de la firma del primer contrato con el arquitecto, su posterior rescisión de mutuo acuerdo por las partes implicadas y la firma de un nuevo contrato, la cual se adecuaría al convenio colectivo de la ciudad autónoma y al estatuto de trabajadores en vigor. Para acabar de reafirmar la legalidad de todo el proceso de contratación, Marín también aseguró contar con el apoyo de otros órganos no jurisdiccionales como es el caso del Consejo de Estado, cuyos 10 miembros certificaron por unanimidad la legalidad del expediente. Entre estos miembros estaría la exvicepresidenta socialista María Teresa Fernández de la Vega, quien “dudosamente querría hacer un favor a la administración de Melilla en manos del Partido Popular”, según señaló Marín para justificar la validez e imparcialidad de estos avales. Otro órgano no jurisdiccional que avala, según Marín, el procedimiento es el Colegio Oficial de Arquitectos de España, el cual solicitó al Colegio Oficial de Arquitectos de Melilla que retirase la denuncia tras analizar el expediente de contratación y ver que era “perfectamente legal”. Tras esta petición, el mismo Colegio Oficial de Arquitectos de Melilla retiró su acusación particular.