El consejero de Fomento de Melilla, Miguel Marín, ha calificado como “una tomadura de pelo” la reciente medida del Gobierno de España de habilitar el número de teléfono 047 como línea de atención ciudadana en materia de vivienda. Marín ha criticado con dureza esta iniciativa del Ejecutivo central, considerando que, tras más de siete años de mandato socialista, “no puede plantearse como solución poner un número de teléfono”.
“El Gobierno sanchista cree que resolverá el problema de la vivienda con una línea telefónica. Es una broma de mal gusto”, ha afirmado el consejero. Según explicó, este número ya existía desde hace años en el Ministerio y, en realidad, forma parte de la atención general a los ciudadanos, por lo que no representa un esfuerzo nuevo ni una medida concreta de mejora en el acceso a la vivienda.
En su intervención ante los medios, Marín centró gran parte de sus críticas en la situación de la vivienda en Melilla. “No se ha puesto ni un solo ladrillo en siete años y medio para construir una sola vivienda de protección oficial en la ciudad”, denunció. A su juicio, este hecho refleja la total falta de compromiso del Gobierno con las necesidades reales de los melillenses. “Ni una sola vivienda. Oigan y atiendan bien: ni una sola”, recalcó.
El consejero insistió en que el problema de acceso a la vivienda en España no puede afrontarse con medidas “superficiales o propagandísticas”, sino con políticas estructurales que promuevan la construcción de vivienda pública, especialmente en ciudades como Melilla, donde la demanda es alta y la oferta insuficiente.
Asimismo, Marín defendió que se debe legislar para proteger a los pequeños propietarios que tienen inmuebles cerrados pero que no los ponen en alquiler por temor a impagos o a situaciones de ocupación. “La inmensa mayoría de los propietarios en Melilla son personas modestas, muchas de ellas mayores, que compraron una vivienda como inversión para complementar su pensión”, explicó.
A su juicio, el fenómeno de la “inquiocupación” (inquilinos que firman un contrato pero luego dejan de pagar) genera un miedo comprensible entre los propietarios. “Lo que hay que hacer es protegerlos con leyes que permitan desalojar en 24 horas a quien deja de pagar o a quien ocupa una casa que no es suya”, reclamó. Según defendió, si se ofrecieran garantías jurídicas y rapidez en los procesos de desalojo, muchas viviendas cerradas volverían al mercado del alquiler, lo que contribuiría a moderar los precios por la vía del aumento de la oferta.
En cuanto a la cesión de terrenos para nuevas promociones urbanísticas, Marín también denunció el trato desigual del Ejecutivo con respecto a Melilla. Recordó que el Gobierno de España ha cedido terrenos en Ceuta por un valor de 69 millones de euros, mientras que en Melilla esa cifra se reduce a apenas 10 millones. “Es un agravio evidente. En Melilla también hay terrenos que podrían destinarse a nuevos desarrollos, zonas verdes, espacios deportivos y viviendas de protección oficial”, afirmó.
El consejero de Fomento también criticó la actitud de la delegada del Gobierno en Melilla, a quien acusó de “no haber levantado la voz en Madrid” para defender los intereses de la ciudad. “Una delegada del Gobierno responsable debería haber exigido un trato equitativo con respecto a Ceuta. Pero por mantenerse en el sillón, prefiere callar”, lamentó.
Marín concluyó que el Gobierno central está aplicando políticas erróneas en materia de vivienda y que su falta de acción está agravando el problema. “Si no se cambia el rumbo, la situación seguirá empeorando. No se puede gobernar a base de anuncios vacíos y líneas telefónicas. Lo que se necesita es vivienda real, leyes eficaces y voluntad política”, sentenció.
