El Gobierno de Pedro Sánchez asegura que las relaciones bilaterales con Rabat son “excelentes en todos los ámbitos y se basan en el diálogo, el respeto y el entendimiento mutuo”, según consta en una respuesta parlamentaria que envió por escrito el 26 de julio al diputado del Grupo Mixto, Jon Iñárritu.
Esta reafirmación de la buena salud de la relación hispano-marroquí le llegó al político vasco cinco días antes del primer aniversario del cierre unilateral por parte de Marruecos de la Aduana de Melilla, en funcionamiento desde el fin del Protectorado.
Pese a que España ha intentado negociar la reapertura de la Aduana y se ha reunido en tres ocasiones con Marruecos, el país vecino está dando largas al asunto, poniendo como argumento que los empresarios españoles declaraban en Beni Enzar menos mercancías que en el puerto de Melilla.
Los funcionarios de nuestro país han intentado convencer a sus homólogos marroquíes de que ese problema se puede solventar intercambiando información como se hace ya entre los puertos de Tánger y Algeciras, pero Marruecos no lo acepta porque eso sería lo mismo que reconocer oficialmente que Melilla es española.
Iñárritu no preguntó precisamente al Gobierno de Pedro Sánchez por el estado de las relaciones hispano-marroquíes sino por el respeto de los derechos humanos a los migrantes en el país vecino, pero el Ejecutivo en funciones aprovechó la ocasión para reafirmar el buen momento que atraviesan las relaciones bilaterales entre los dos países.
Derechos humanos
En relación al respeto de los derechos humanos en Marruecos, el Gobierno socialista, como en su momento lo hizo el del PP, defiende que Rabat es firmante de la Convención de Ginebra de 1951, del Acuerdo de Sede con ACNUR del 20 de julio de 2017 y mantiene una relación privilegiada con la Unión Europea a través del Acuerdo de Movilidad de 2013.
La respuesta parlamentaria añade que el Gobierno de España asegura estar muy implicado en el respeto de los derechos humanos por lo que “mantiene un diálogo amplio con Marruecos”, que incluye temas como éste.
Hay que recordar que el derecho internacional (Estatuto de los Refugiados o artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea) establece la prohibición de devolver a un migrante a un país donde no se respeten sus derechos fundamentales o donde pueda ser sometido a torturas o tratos inhumanos o degradantes. Es lo que se conoce como el principio de no devolución.
España firmó en 1991 un Tratado de Readmisión de Migrantes con Marruecos que aunque no se ratificó hasta 2012, se ha venido aplicando desde los años 90.
Más del 52% de migrantes que llegan a nuestro país aseguran haber sufrido abusos por parte de la Policía marroquí, según recoge un estudio reciente del Consejo Superior de Investigaciones (CSIC).
