La Guardia Civil ha estimado que "aproximadamente 88.146" personas migrantes "podrían haber retornado" a Marruecos tras la entrada a Ceuta de finales del mes de julio, según un informe del 27 de octubre al que tuvo acceso EFE el pasado viernes 6 de noviembre.
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva de personas migrantes los días 30 y 31 de julio, ya tiene encima de la mesa varios de los informes que solicitó hace unas semanas a diferentes organismos como la Guardia Civil, la Policía Nacional o el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para tratar de esclarecer lo ocurrido.
Si el jueves se conocía que la Policía ha identificado a dos altos mandos marroquíes que aparecen en vídeos de las entradas dando instrucciones en el entorno del paso fronterizo Bab Sebta, en Fnideq (Castillejos), próximo a la frontera del Tarajal, el pasado viernes transcendió otro informe, en su caso de la Guardia Civil, que eleva a más de 80.000 personas las que retornaron al país magrebí tras la entrada.
Se trata de una cifra superior a la que ha dado el Gobierno central hasta ahora.
El informe de la Guardia Civil, fechado el 27 de octubre y centrado en el despliegue de efectivos y recursos materiales movilizados desde este episodio, cifra en 862 los rescates realizados en aguas nacionales y en 90 los fallecidos.
Preguntado también por el número de retornos, el Cuerpo Nacional de Policía ha especificado a la jueza que sólo ha podido contabilizar a los migrantes que han manifestado a sus agentes la voluntad de regresar, una cifra "mínima comparada con la que, de forma global", suma a todos aquellos que han vuelto voluntariamente por la puerta que mantiene habilitada, desde la entrada, la Guardia Civil.
Solo el instituto armado -explica la Policía en su informe- puede saber esa cifra porque la entrada masiva -a la que la Policía se refiere como "invasión"- se produjo en una zona que se encuentra "bajo protección de la Guardia Civil".
En otro informe de principios del mes de julio, anterior a la entrada masiva, la Guardia Civil advertía de que la reciente doctrina del Tribunal Supremo incrementaría la entrada irregular por vía marítima a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y avisaba de un posible "efecto llamada".
Proponía reforzar el servicio marítimo provincial de Ceuta -encargado de la prevención del acceso de nadadores-, los efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas en Melilla; potenciar los sistemas tecnológicos de detección temprana y vigilancia costera, y regular la posibilidad de aplicar el régimen de rechazo en frontera a cualquier intento de entrada irregular realizado fuera de los pasos fronterizos habilitados, con independencia del medio utilizado.
Entre la documentación remitida a la jueza también está un informe del CNI del 30 de julio en el que se analiza "la situación y la prospectiva" de lo que la inteligencia califica del "mayor desplazamiento masivo de migrantes en la historia de España en la Ciudad Autónoma de Ceuta".
El CNI destaca que, a nivel operativo, "no se ha detectado una reacción proactiva por parte de las autoridades marroquíes ante la pérdida de control de la situación" más allá de desplegar algunas unidades antidisturbios.
Con todo, considera que "ha quedado patente la profunda distorsión entre la visión del monarca Mohammed VI durante su discurso anual a la nación" del día 29 de julio y "la realidad vivida sobre el terreno, en un momento en el que Marruecos se intenta reivindicar como un actor de estabilidad y un socio de seguridad fiable".
La jueza también dispone del informe en el que el Ministerio del Interior explica que en los días precedentes a la entrada masiva no recibió ninguna "alerta, informe, comunicado, correo electrónico o documentación operativa" que "anticipara un riesgo de entrada masiva de la magnitud" de lo ocurrido.
La evolución en el número de llegadas y el análisis de la sentencia del Supremo acerca de las devoluciones en caliente "permitían anticipar un incremento progresivo de la presión migratoria, e incluso episodios de impacto, pero abordables".
Interior consideraba que "el escenario previsible podía ser afrontado" con los medios de seguridad y la incorporación de refuerzos acordes a la evolución de la situación.
En este documento da cuenta de las medidas adoptadas para hacer frente al repunte migratorio esperado, como la búsqueda de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) o el refuerzo de las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad.
También de las llevadas a cabo tras la entrada masiva, como la instalación de elementos de contención fronteriza provisionales, la habilitación del CATE, la solicitud de financiación a la Unión Europea, una nueva adecuación de los recursos de las fuerzas de seguridad o el refuerzo por parte de las agencias europeas.
