Los menores migrantes que lleguen a Melilla serán derivados en 15 días

Desde este lunes, los menores migrantes que lleguen a Melilla, Ceuta y Canarias serán derivados obligatoriamente a otras comunidades autónomas en un plazo máximo de 15 días. Esta medida forma parte del nuevo sistema de contingencia migratoria activado por el Gobierno central, que establece un mecanismo de solidaridad obligatorio ante el aumento sostenido de llegadas y la saturación de los servicios de acogida en estos territorios fronterizos.

El Ministerio de Juventud e Infancia declaró oficialmente la contingencia migratoria el pasado viernes, 29 de agosto, tras la petición realizada por los tres territorios afectados. Esta actuación se basa en el hecho de que tanto Canarias como Ceuta y Melilla triplican el número de menores migrantes que deberían acoger, según el ratio de referencia estatal de 32,6 menores por cada 100.000 habitantes. Por tanto, el Estado ha activado este mecanismo de urgencia, contemplado en la normativa vigente.

A partir de ahora, cualquier menor migrante no acompañado que entre en Melilla deberá ser reubicado en otra comunidad autónoma en un plazo no superior a dos semanas. Además, el plan contempla la reubicación progresiva de unos 3.000 menores que ya se encuentran bajo tutela en estos tres territorios. En este segundo grupo, el plazo máximo para el traslado será de un año, con una planificación paulatina y coordinada.

La medida será abordada esta semana en una comisión interministerial liderada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dado que afecta a más de una comunidad autónoma. También está previsto que se analice la solicitud de Baleares, comunidad que, a pesar de no cumplir los requisitos establecidos por ley para que se le aplique la contingencia, prevé solicitarla debido al fuerte incremento de llegadas que ha experimentado durante el verano.

De acuerdo con los datos oficiales actualizados al 31 de marzo, Baleares cuenta con solo 72 plazas estructurales, cuando debería tener 406 para alcanzar su capacidad ordinaria. Actualmente, acoge a unos 680 menores migrantes, pero esta cifra aún no triplica la ratio establecida. Sin embargo, las previsiones apuntan a un aumento sostenido, lo que ha generado preocupación en el Ejecutivo balear, que teme verse obligado a recibir menores derivados desde otros territorios.

Pese a su situación, el Gobierno balear se opone al reparto obligatorio y ha presentado recursos ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, al igual que otras diez comunidades gobernadas por el Partido Popular, además de Castilla-La Mancha, presidida por el PSOE. Estas regiones han recurrido la reforma de la Ley de Extranjería, que introdujo la obligatoriedad del sistema de derivación.

El proceso de traslado de los menores migrantes incluye una serie de pasos administrativos que se tramitarán desde las subdelegaciones del Gobierno de las comunidades de origen. En cada caso, tanto el menor como la Fiscalía y la comunidad de destino podrán presentar alegaciones antes de que se adopte una decisión definitiva. Una vez derivado, la tutela del menor pasará a ser responsabilidad del territorio receptor.

Este nuevo marco legal e institucional responde a la presión migratoria creciente que soportan los territorios de frontera. En lugares como Melilla, la capacidad de acogida lleva meses desbordada, lo que ha llevado a las autoridades locales a solicitar medidas urgentes de apoyo.

Con este sistema de reubicación, el Ejecutivo pretende evitar la saturación de los centros de menores y garantizar una distribución más equitativa de los recursos y responsabilidades entre las comunidades. La política busca también reforzar la acción del Estado en un asunto que ha generado debate político y judicial, en un contexto de crecientes tensiones territoriales por la gestión migratoria.