Más de 300 trabajadores laborales fijos de la Ciudad Autónoma de Melilla mantienen su reivindicación para que se garantice de forma efectiva su derecho a la promoción interna y al desarrollo de una carrera profesional en igualdad de condiciones. Este colectivo insiste en la necesidad de corregir las diferencias existentes respecto al personal funcionario, especialmente tras la reciente publicación de una convocatoria que, a su juicio, vuelve a excluirlos del acceso a determinadas plazas.
En el Boletín Oficial de Melilla (BOME) del pasado viernes, 10 de abril de 2026, se recoge la orden número 1449, fechada el 8 de abril de 2026, en la que se regula la convocatoria para la provisión en propiedad de doce plazas correspondientes a la escala de Administración General, dentro de la subescala Administrativa. El sistema establecido es el de concurso-oposición por promoción interna, incluyendo entre sus requisitos específicos la necesidad de contar con una antigüedad mínima de dos años como funcionario de carrera, ya sea propio o transferido a la Ciudad Autónoma de Melilla.
Esta condición ha sido el detonante de las críticas por parte del colectivo de laborales fijos, que consideran que dicha exigencia limita su derecho a participar en el proceso. Según denuncian, esta convocatoria les excluye de facto, a pesar de desempeñar funciones similares a las de sus compañeros funcionarios, lo que entienden como una vulneración del principio de igualdad en el acceso a la promoción profesional.
Los trabajadores afectados sostienen que esta situación no se ajusta al marco legal vigente ni a la interpretación que los tribunales han venido realizando en los últimos tiempos. En este sentido, recuerdan que una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia ha abierto de manera clara la posibilidad de que el personal laboral pueda participar en los procesos de promoción interna dentro de las administraciones públicas.
A esta línea se suma también la doctrina del Tribunal Supremo, que ha fijado un criterio relevante en relación con la promoción profesional de los empleados públicos. Según este tribunal, la carrera profesional y las oportunidades de promoción forman parte de las condiciones de trabajo contempladas en la normativa europea. Por tanto, cualquier diferencia de trato entre trabajadores debe estar debidamente justificada desde un punto de vista objetivo, algo que, a juicio de este colectivo, no se produce en el caso de la convocatoria publicada.
El respaldo legal a sus reivindicaciones también se encuentra en el propio Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). En concreto, su artículo 19 reconoce expresamente el derecho del personal laboral a la promoción profesional. Además, la disposición transitoria segunda del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece los derechos del personal laboral fijo que desempeña funciones equivalentes a las de los funcionarios en puestos clasificados como propios de este último colectivo.
Desde la plataforma que agrupa a los laborales de la Ciudad Autónoma subrayan que existen múltiples precedentes en otras administraciones del territorio nacional donde las bases de las convocatorias permiten la participación tanto de funcionarios de carrera como de personal laboral fijo, siempre que estos desarrollen funciones equivalentes. Este hecho, señalan, evidencia que es posible articular procesos selectivos que garanticen la igualdad de oportunidades entre ambos colectivos.
Ante esta situación, la Plataforma de Laborales de la Ciudad Autónoma de Melilla ha trasladado una serie de peticiones al Gobierno local. En primer lugar, solicitan la modificación de las bases de la convocatoria recientemente publicada, con el objetivo de eliminar las restricciones que impiden su participación y garantizar un trato igualitario para todos los empleados públicos que realizan las mismas funciones.
Asimismo, reclaman la adopción de medidas que contribuyan a asegurar la igualdad de oportunidades en el ámbito profesional, así como la equiparación retributiva entre el personal funcionario de carrera y el personal laboral fijo. En este sentido, consideran imprescindible eliminar cualquier situación que suponga un agravio comparativo o que pueda interpretarse como una vulneración de los derechos laborales.
El colectivo insiste en que la actual situación genera una desigualdad que no se corresponde con la realidad del trabajo desempeñado, ya que, según exponen, realizan tareas similares sin contar con las mismas posibilidades de promoción. Por ello, reiteran la necesidad de avanzar hacia un modelo más equitativo dentro de la administración pública local.
La reivindicación de los laborales fijos continúa así en el centro del debate sobre la organización interna de la Ciudad Autónoma, con el foco puesto en la necesidad de adaptar las convocatorias y los procesos selectivos a un marco legal que, según defienden, ya reconoce sus derechos en materia de promoción profesional.
