La Plataforma de Laborales Fijos de la Ciudad Autónoma de Melilla ha hecho pública una reivindicación que considera urgente y legítima: la puesta en marcha de un proceso de funcionarización que les permita igualarse en derechos, condiciones y posibilidades a los funcionarios con los que, aseguran, comparten tareas, responsabilidades e, incluso, puestos de trabajo.
En un comunicado, este colectivo, compuesto por más de 300 trabajadores con plaza fija en el régimen laboral de la Ciudad Autónoma, ha denunciado un "evidente agravio comparativo" respecto a sus compañeros del régimen funcionarial. El núcleo del conflicto radica en la imposibilidad de participar en promociones internas, el acceso restringido a determinados puestos y unas retribuciones económicas inferiores, a pesar de desempeñar funciones idénticas.
Según la Plataforma, la situación se agrava al observar que esta desigualdad se mantiene incluso en servicios públicos esenciales, como el de Aguas Potables. En estos departamentos, laborales fijos y funcionarios comparten turnos, incluidos los de nocturnidad y turnicidad, y realizan exactamente las mismas tareas. Sin embargo, los primeros perciben menos salario y tienen una valoración de sus puestos (VPT) más baja.
Este escenario no es desconocido para la propia Administración local. La Plataforma recuerda que en abril de este mismo año, la consejera de Administración Pública, Marta Fernández de Castro, reconoció públicamente que existía un trato desigual entre laborales y funcionarios. En ese momento, se comprometió a realizar una nueva valoración de puestos de trabajo (VPT) para los laborales antes de que concluyera 2025.
Sin embargo, denuncian que, hasta la fecha, no se ha avanzado de forma significativa. Ha pasado más de un año desde la finalización del proceso de estabilización y no hay noticias concretas sobre el inicio del proceso de funcionarización. La sensación de estancamiento, unida a la percepción de injusticia, ha motivado a la Plataforma a intensificar sus demandas.
La solicitud del colectivo no se basa únicamente en un sentimiento de agravio, sino en fundamentos legales. Citan, entre otros, el artículo 19.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Esta norma establece el derecho del personal laboral a la promoción profesional.
Además, a nivel local, el IX Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla establece, en su artículo 11.6, que se deben adoptar los acuerdos necesarios para desarrollar la promoción horizontal y cruzada. Esta última hace referencia, precisamente, a la posibilidad de que el personal laboral fijo acceda a plazas de funcionario.
La Plataforma pone como ejemplo a otras administraciones que sí han dado pasos en este sentido. En la Ciudad Autónoma de Ceuta, alrededor de 300 empleados públicos podrán acogerse a un proceso de funcionarización. Un modelo similar se está implementando en el Ayuntamiento de Jaén, que busca así cumplir con las directrices europeas sobre racionalización y estabilización del empleo público.
Según el colectivo melillense, la funcionarización supondría una mejora no solo para los empleados afectados, sino también para el funcionamiento general de la administración. Facilitaría el desarrollo de carreras profesionales, mejoraría la eficiencia de los servicios públicos y reduciría desigualdades estructurales dentro de la plantilla de la Ciudad.
Por todo ello, la Plataforma exige al Gobierno de la Ciudad que tome medidas inmediatas para garantizar la igualdad en la valoración de los puestos de trabajo, las retribuciones y las oportunidades profesionales entre todo el personal, sin distinciones por el tipo de relación contractual.
La petición se suma a las ya formuladas anteriormente. En septiembre de este año, tal y como recogió El Faro de Melilla, los laborales ya habían manifestado públicamente su descontento por esta misma causa. La diferencia ahora es que, ante la falta de avances, exigen una hoja de ruta clara, con plazos concretos y una voluntad política firme de resolver una situación que consideran profundamente injusta.
