La Junta de Personal Docente No Universitario de Melilla se ha concentrado en el mediodía de este jueves 14 de mayo frente a la Dirección Provincial de Educación por "respeto, dignidad y seguridad" del profesorado, mostrando su total y absoluto rechazo a cualquier forma de violencia ejercida contra los docentes.
En esta protesta, los representantes sindicales han instado a la directora Provincial, Elena Fernández Treviño, a abrir un proceso de negociación para decidir la implantación de una serie de medidas contra la violencia en las aulas para inicios del próximo curso escolar.
La protesta ha contado con el respaldo de todas las organizaciones sindicales representadas en la Junta, entre ellas Feuso, ANPE, CCOO-FE, Sate-Stes, UGT y CSIF.
Asimismo, la concentración ha contado con la presencia de representantes de las formaciones políticas Vox y Somos Melilla.
En declaraciones a los medios, la miembro de la Junta, Elvira Sánchez, ha subrayado que más allá del número de agresiones registradas, lo verdaderamente importante es garantizar un apoyo “total e integral” a los trabajadores de la enseñanza afectados. De lo contrario, advirtió, se producirá un "daño irreversible" tanto en el propio sistema educativo como en la confianza que todos los docentes deben depositar en la Administración.
Sánchez insistió en considerar "insuficiente" la respuesta de la Dirección Provincial, volviendo a denunciar la implantación de un protocolo que no es específico para los centros educativos, sino que corresponde a la Administración General del Estado.
"No da respuesta a las necesidades de los trabajadores, ni a los de los alumnos, a los que dedicamos nuestra labor principal".
La miembro de la Junta de Personal también quiso recalcar que las agresiones sufridas por los profesores, las cuales se producen en casi todos los centros educativos de la ciudad autónoma, son casos excepcionales. Un "goteo de incidencias" que ha generado un fuerte hartazgo entre el colectivo docente.
En este sentido, ha explicado que en instalaciones con un elevado volumen de alumnado y profesorado aumenta el riesgo de conflictos, por lo que defendió la necesidad de implantar mecanismos "ágiles e integrales" de protección que permitan ofrecer un respaldo institucional efectivo a los docentes.
"No hay que olvidar que esas situaciones conflictivas se producen en el ejercicio de su actividad principal. Muchas veces, ya no solamente se producen dentro de las instalaciones educativas, sino que también pueden ser producidas fuera de los aledaños de los centros o en redes sociales".
Por lo pronto, los sindicatos se encuentran trabajando de forma conjunta en la elaboración de un protocolo específico para los centros educativos de nuestra ciudad. Un documento que prevén trasladar a la directora Provincial, Elena Fernández Treviño y al Ministerio de Educación.
"Es una propuesta bastante positiva y vamos a exigir al Ministerio que de los pasos y aporte los recursos necesarios".
Desde la Junta de Personal han hecho hincapié además en el impacto que este tipo de agresiones provoca sobre el profesorado. Sánchez recordó que el docente debe ser una figura respetada y que cualquier ataque no sólo perjudica a la víctima directa, sino que afecta al conjunto del colectivo docente. Por ello, ha apelado a la colaboración y buena voluntad de las familias.
Por lo pronto, los profesores han garantizado que las concentraciones y acciones sindicales seguirán para poner en boga esta problemática. Y es que si bien recalcan que se trata de casos excepcionales, denuncian que estos no pueden soportarse más.
Manifiesto
Durante la protesta, varios representantes de la Junta de Personal han procedido a leer un manifiesto en el que han mostrado su total y absoluto rechazo a cualquier forma de violencia ejercida contra los docentes.
"La educación es la base de una sociedad democrática y el respeto al profesorado es el pilar que sostiene este sistema. No podemos permitir, bajo ninguna circunstancia, que el ejercicio de la docencia se convierta en una actividad de riesgo".
Los representantes sindicales han manifestado su repulsa unánime ante las agresiones físicas, amenazas, coacciones y el acoso; tanto presencial como a través de las redes sociales, que vienen sufriendo los profesionales de la enseñanza en la ciudad autónoma.
"Nuestra exigencia de seguridad no se limita a los muros de los centros educativos. La violencia es inadmisible, tanto dentro de las instalaciones, como fuera del centro escolar o en cualquier ámbito privado donde el docente sea atacado por su condición de tal o en el ejercicio de sus funciones".
Actuaciones preventivas
Por ello, han vuelto a instar a la Dirección Provincial a que abra "de manera inmediata" un proceso de negociación con las organizaciones sindicales representativas del profesorado. Todo ello con el fin de consensuar e implementar un conjunto de "actuaciones preventivas, organizativas y de protección" dirigidas a afrontar esta problemática, "antes de que la situación continúe agravándose". En este sentido, abogan porque estas estén completamente implementadas a partir del 1 de septiembre.
Entre las medidas proponen la elaboración e implantación de un protocolo específico de actuación ante agresiones al profesorado. Un protocolo que contemple tanto las agresiones verbales como las no verbales, amenaza coacciones o cualquier conducta intimidatoria dentro del entorno educativo y fuera de él.
"Un protocolo claro, fácil de implementar y homogéneo a todos los centros educativos de Melilla. Además, implantación del personal de seguridad en las entradas de los centros educativos, tal y como tienen otros organismos oficiales, con menos flujo de personas que todos los centros educativos a diario".
También demandan la implantación de medidas inmediatas de protección al profesorado en esa situación. Medidas que incluyan la separación física entre el docente y el presunto agresor hasta que se resuelva el conflicto.
También piden una respuesta "inmediata y contundente" de la Dirección Provincial ante cualquier agresión al personal docente, ya sea ante los medios de comunicación o ante otras instituciones de orden público. Además, sostienen la necesidad de que la Dirección Provincial se persone como denunciante del hecho violento contra el presunto autor.
Asimismo, exigen la creación de un gabinete de atención integral al profesorado. Un espacio integrado por profesionales especializados para el asesoramiento jurídico, psicológico y asistencial de los docentes y equipos directivos que lo requieran. Los representantes sindicales alegan que este deberá incluir también el debido acompañamiento hasta la resolución del conflicto y el posterior seguimiento de la implantación de las medidas concretas adoptadas.
Por otro lado, defienden la puesta en marcha de campañas de sensibilización y concienciación, dirigidas a alumnado y a familias, sobre el respeto a la autoridad docente, la convivencia escolar y la resolución pacífica de conflictos.
"Los sindicatos presentes denunciamos que la violencia en nuestras aulas sigue presente y aún no hemos recibido una respuesta contundente, con medidas adecuadas. La gravedad de los acontecimientos recientes exige actuaciones inmediatas y consensuadas. La protección del profesorado y la mejora de la convivencia escolar deben convertirse en una prioridad absoluta para esta administración educativa".
Por último, destacan que obligación del Ministerio es garantizar entornos seguros y respetuosos para el profesorado, tanto para velar por su integridad, salud laboral y respeto; como para propiciar el ambiente idóneo para una educación de calidad en los centros educativos de Melilla.
"Basta ya de violencia hacia el profesorado, por la protección integral y el apoyo institucional a los docentes de Melilla".
Autoridad de los profesores
Por su parte, el presidente de Vox Melilla, José Miguel Tasende, recalcó que el debate debe centrarse en la pérdida de autoridad que, a su juicio, ha experimentado la figura del docente en los últimos tiempos y en la necesidad de recuperar ese papel.
"Es increíble que a estas alturas estemos debatiendo la seguridad física y psíquica de los profesores. La situación actual significa que ni profesorado ni alumnado tiene una educación de calidad".
