“Hemos interpuesto un recurso contencioso junto a unas medidas cautelarísimas para que el tribunal se pronuncie cuanto antes”. Así lo aseguró la presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, que indicó a este periódico que tienen 48 horas para adoptar una decisión. Aunque hasta última hora de ayer no habían recibido ninguna comunicación al respecto. Y al margen de esta actuación, subrayó que se plantean poner una denuncia por un presunto delito de prevaricación contra el consejero que firmó la orden.
Castellanos comentó a El Faro que es “completamente ilegal” que una Ciudad Autónoma decrete el cierre de las iglesias. De hecho, explicó que ni el Gobierno central podría cerrar de esta forma unilateral las iglesias y los lugares de culto.
Para esta entidad hay una “evidente vulneración de derechos fundamentales, así como un abuso de poder absoluto”. La presidenta de esta asociación argumentó que la Ciudad Autónoma de Melilla “se estaría arrogando competencias que no tiene y encima lo hace para vulnerar un derecho fundamental”.
De esta forma explicó que es “una auténtica barbaridad” que la Administración local haga esto.
De ahí que se haya interpuesto una denuncia en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la sala de lo Contencioso, aunque también apuntó que entraría en una querella por prevaricación.
En cuanto a que se solicitan medidas cautelarísimas, el objetivo es que se pronuncie el tribunal al respecto lo antes posible. Y lo que se desea es que se elimine esta restricción de cerrar las iglesias de la orden de Políticas Sociales. Pero a última hora de ayer no se tenía noticias al respecto.
“Se vulnera de forma absoluta el derecho a la libertad religiosa que es algo que no vamos a permitir ni por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla ni de nadie. Ni siquiera el Gobierno central podría hacerlo y, por lo tanto, menos una comunidad autónoma”, aseveró.
En este sentido, puntualizó que en el estado de excepción incluso se protege el derecho a la libertad religiosa.
El paso siguiente, si la Ciudad no cesa “en la vulneración de derechos fundamentales, posiblemente emprenderemos acciones penales también”, apuntó la presidenta de la entidad. Y es en este punto donde se plantea poner una querella criminal contra el consejero que firma esta resolución “porque firma algo injusto a sabiendas y si no lo sabe, aún peor porque tiene la responsabilidad de conocerlo”. Por ello, se plantea que habría dos procesos, por un lado el contencioso y, por otro el penal, en el que buscaríamos “la inhabilitación de una persona que se dedica a perseguir a los creyentes en lugar de hacer su trabajo”.
La presidenta de la asociación destacó que para los católicos se estaría “incumpliendo de forma absoluta” la libertad religiosa porque tienen la obligación los domingos de ir a misa. Es en los domingos cuando se acude más a las iglesias por esa obligación de ir a celebrar la eucaristía. “Se hace además con muy mala fe” el hecho de que se decrete el cierre de la iglesia ese día, añadió.
Y además, cree que también se estaría incumpliendo el derecho a la libertad religiosa de los musulmanes y hebreos, aunque indicó que desconoce exactamente si tienen esta misma obligación en su confesión de asistir justo esos días en los que se ha ordenado el cierre de sus templos.
Al margen de esta actuación, la Vicaría Episcopal de Melilla hizo llegar una carta al presidente de la Ciudad demandando que se elimine esta prohibición de abrir la iglesia en domingo.
