Una Justicia lenta es negativo, como decía ayer el presidente Juan José Imbroda, tanto para los ‘imputados inocentes’, que arrastran la carga de la duda durante años, como para los ‘imputados culpables’ que durante el mismo tiempo evitan el peso de la ley.
Incluso estos últimos en ocasiones se ven favorecidos por los guiños del Código Penal y ven sus penas considerablemente reducidas, muchas veces a niveles irrisorios, lo que irrita aún más a la ciudadanía.
La solución para dotar de más ‘caballos’ al motor que mueve nuestro sistema judicial es tan sencilla como dificultosa su aplicación. Nuestros tribunales no necesitan más que ver incrementados sus recursos, tanto de personal como de medios materiales. Hace falta crear más juzgados, dotar los existentes del suficiente número de funcionarios, facilitar a los jueces equipos policiales y periciales propios, equipar tecnológicamente las instalaciones... En definitiva, la solución pasa por invertir en nuestra Justicia una cantidad suficiente que compense el abandono en el que la hemos mantenido durante décadas. Si a eso añadimos una reforma del sistema judicial que evite burocracia, trámites absurdos o plazos infinitos, tendremos la Justicia del siglo XXI que ayer reclamaba el presidente Imbroda desde Cáceres y que exige todo ciudadano al que se le pregunte desde cualquier punto de nuestro país. Sin embargo, el hecho de reclamar o exigir sirve de bien poco por sí solo. La cuestión es cómo se paga esa Justicia que evite dilaciones indebidas o eternas esperas. Alberto Ruiz Gallardón, ex ministro de Justicia, propuso su propio método, aceptado a regañadientes por sus compañeros de Gobierno. Si no fueron aplaudidas en el Consejo de Ministros, menos éxito aún tuvieron sus tasas judiciales entre los jueces, fiscales, abogados y la ciudadanía. En el corto plazo la medida de Gallardón no ha tenido ningún resultado, salvo el de provocar un enfado general. Tal vez esa ‘semiprivatización’ de la Justicia consiga despejar los juzgados dentro de unos años, pero no lo habrá conseguido por haber facilitado a los jueces todos los recursos que hoy siguen echando en falta. Si el ex ministro merece algún reconocimiento, será el de haber reducido la carga de trabajo a los tribunales a base de generar ‘desánimo’ en la clase media. Su mérito ha sido echar de los juzgados a ciudadanos sin suficientes medios económicos como para ‘apostarlos’ en un proceso judicial, pero con los suficientes recursos como para no ser merecedores de la justicia gratuita de las clases más bajas.
Poco ha cambiado en nuestros juzgados desde hace años; las carencias continúan siendo tan habituales como las protestas de los ciudadanos. Todos conocemos perfectamente cuál es el problema, pero no sabemos de dónde sacar el dinero para invertir en algo que consideramos que debe ser gratuito aunque le demos un gran valor.
