El método empleado para determinar la edad de los jóvenes migrantes no acompañados que llegan a España pasa, en muchas ocasiones, por desconfiar de su documentación y exigir unas pruebas médicas que las ONG critican por invasivas e imprecisas. El Supremo y Naciones Unidas han reprendido a España, pero el cambio prometido sigue sin llegar.
Recientemente un joven gambiano fue expulsado de un centro de menores a pesar de que su pasaporte aseguraba que tenía menos de 18 años, ya que el fiscal no consideró fiable su documentación y exigió que se sometiera a unas pruebas médicas, a las que el joven se negó.
También en las últimas semanas un juez excarceló a un adolescente senegalés que había pasado 57 días en la cárcel bajo la acusación de haber pilotado la patera en la que llegó a Canarias. Las pruebas médicas revelaron que es menor, como él había asegurado e indicaban su partida de nacimiento expedida por su país.
La Fundación Raíces, que ha representado al joven gambiano en el primer caso y recibió ayer el respaldo de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, denuncia que esta forma de proceder es demasiado habitual en lugares de frontera.
Y remarca que va contra la doctrina del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que ha emitido catorce decisiones contra España en los últimos años, y del Tribunal Supremo, que ha dictado más de quince sentencias en la misma línea.
En la pasada legislatura el Gobierno aprobó un anteproyecto para atender las recomendaciones de organismos internacionales y ONG, que decayó con la disolución de las Cortes, y Justicia ha prometido cambios, pero todavía no hay un calendario.
La Fundación Raíces estima que podría haber hasta mil menores migrantes no acompañados que han sido considerados adultos por error en España y han ingresado en centros de acogida junto a adultos.
Lo que debería pasar: evaluación psicosocial del menor
En una conversación con EFE, la abogada de esta ONG, Paloma García de Viedma, señala que cuando un menor llega a España de forma irregular, lo que primero debería hacerse es examinar su documentación original y, en el caso de que no la lleve consigo, como es habitual, apoyarle para que pueda conseguirla.
Después, lo adecuado sería "iniciar un procedimiento de evaluación holístico y global" sobre la madurez del migrante, que incluya un informe psicosocial que tenga en cuenta el proceso migratorio y beba de otro tipo de pruebas documentales que se puedan conseguir, como las notas del colegio.
Y "solo si eso falla" se debería acudir las pruebas médicas practicadas por un forense.
Lo que pasa: pruebas médicas sistemáticas en frontera
Pero la realidad es bien distinta, según denuncia Fundación Raíces, en lugares como Canarias, Ceuta o Melilla, donde se desconfía sistemáticamente de la documentación aportada por los migrantes de países como Gambia o Guinea y se recurre directamente a las pruebas médicas.
Estas consisten en una exploración física, que a menudo se produce en un despacho al que la Policía lleva al menor sin que se le haya explicado en su idioma lo que se va a hacer, según denuncia García de Viedma, y una radiografía del carpo, en la muñeca.
"Hay chavales que luego te cuentan que han estado detenidos porque esto lo entienden como una detención porque han llegado de forma ilegal y lo viven con mucho miedo", relata la abogada, que cuestiona unas pruebas "invasivas" y que "tienen unos márgenes de error tan amplios que son muy poco fiables".
El trabajo del forense: "Intentamos ser lo menos invasivos posible"
El médico forense Imanol Garamendi lleva veinte años practicando estas pruebas y ahora lo hace desde Huelva, donde la presión asistencial, admite, es mucho menor que en lugares de frontera, lo que permite un procedimiento más garantista.
A él solo le llegan los chicos si hay "una duda razonable" de que pueden ser mayores de edad, a diferencia de lo que ocurre en lugares como Canarias, Ceuta o Melilla, donde, reconoce, "directamente les mandan examen médico a casi todos".
Lo primero es una entrevista y una exploración física para comprobar que el joven no sufre alguna enfermedad que pueda alterar el resultado de la prueba, examen del que hace años se excluyó el desnudo integral y la exploración de los genitales: "Intentamos ser lo menos invasivos posible", comenta.
Después, solicita una radiografía de la muñeca y de los dientes y, si es necesario, pide una tomografía computerizada de la clavícula, en las que observa la evolución de los núcleos de osificación de los huesos y la compara con la bibliografía existente sobre el grupo racial que corresponda.
Garamendi asegura que el estudio de las dos primeras imágenes arroja un margen de error de aproximadamente el 2% y, junto a la de la clavícula, se puede obtener "la certeza casi absoluta" de si el examinado es mayor o menor de edad.
Un anteproyecto de ley pendiente de retomar
La Fiscalía General del Estado, en su última memoria, reconoce que el actual sistema no cumple con los derechos de audiencia, con el interés superior del menor ni con el derecho a la asistencia letrada ni al recurso.
Y lamenta que en algunas zonas, ante las continuas llegadas, hay problemas para actuar "con la celeridad que sería deseable" a la hora de determinar la edad, lo que provoca "disfunciones indeseables" y que haya menores en centros de adultos.
En la pasada legislatura, el Gobierno presentó un anteproyecto de ley que incluía varias de las mejoras exigidas por las ONG, como establecer que sea un juez quien determine la edad en un plazo máximo de 25 días, pero la iniciativa decayó con la convocatoria de elecciones.
La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha señalado en declaraciones a EFE que la "voluntad" del Gobierno es retomar esa iniciativa, que era "un buen proyecto", para tratar de conseguir que estos menores puedan acceder a procesos lo más ágiles y seguros posible.
