Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han presentado al Gobierno central su propia propuesta para el futuro Plan Estatal de Vivienda 2025-2029. El documento, titulado “Acuerdo por la Vivienda”, propone una hoja de ruta alternativa que gira en torno a seis ejes estratégicos y subraya la necesidad de colaboración institucional y seguridad jurídica para revertir la crisis de acceso a la vivienda que afecta especialmente a los jóvenes y a las familias con menos recursos.
En la introducción del documento, las autonomías firmantes subrayan que garantizar el acceso a una vivienda asequible es “un problema de Estado de enorme magnitud”, que exige la cooperación de todas las administraciones y el compromiso con políticas públicas activas. Reivindican el papel del diálogo y la cogobernanza como base para construir un plan duradero, eficaz y estable, que pueda afrontar los retos actuales del mercado inmobiliario.
Uno de los pilares del plan es la movilización de suelo público y privado para aumentar la oferta de vivienda asequible. Las comunidades proponen inventariar e incentivar el uso de parcelas vacantes o infrautilizadas para destinarlas a proyectos de vivienda social, protegida y asequible, tanto en régimen de alquiler como de propiedad. Además, plantean crear un Portal del Suelo Público, una herramienta de consulta abierta y transparente que centralice la información sobre suelo disponible en todo el país, interoperable con los portales autonómicos.
En segundo lugar, el documento promueve el desarrollo de vivienda asequible, con incentivos a promotores, cooperativas y constructoras. Se propone recuperar fórmulas de éxito del pasado, como las empleadas en los años 70 y 80, para fomentar la adquisición de vivienda en propiedad. Asimismo, se apuesta por impulsar viviendas en alquiler hasta un 30% por debajo del precio del mercado, mediante cesión de derechos de superficie o promoción directa a través de entidades públicas de vivienda.
La tercera línea de acción se centra en la rehabilitación del parque inmobiliario. Dado el envejecimiento del stock de viviendas en España, las comunidades proponen programas de financiación competitiva y el impulso de la figura del Agente Rehabilitador, que lideraría proyectos de renovación integral con modelo llave en mano. También sugieren articular servicios de conexión entre propietarios de viviendas vacías y empresas rehabilitadoras, con apoyo jurídico y seguros.
En el ámbito social, el plan contempla ayudas directas al alquiler para familias vulnerables, con especial atención a las que tienen hijos o miembros con discapacidad. Además, se incluye una línea específica para facilitar el acceso a la compra de vivienda por parte de jóvenes menores de 40 años, mediante avales públicos que les permitan financiar hasta el 100% del coste de su primera vivienda. Igualmente, se propone fomentar la financiación a la industria promotora, tanto tradicional como industrializada.
El quinto eje aborda la mejora de la eficiencia administrativa y el fortalecimiento de la seguridad jurídica. Las comunidades autónomas del PP reclaman marcos legales que reduzcan trámites innecesarios, aceleren la tramitación urbanística y restauren la seguridad de los propietarios frente a ocupaciones ilegales. Piden también reformar la Ley de Vivienda y aprobar una nueva ley que garantice el desarrollo urbano equilibrado, evitando que fallos formales anulen planeamientos enteros.
Finalmente, se propone una reforma fiscal con enfoque social. Las medidas incluyen la reducción del IVA al 4% para obras de rehabilitación, deducciones en el IRPF por ahorro destinado a vivienda, incentivos para alquiler de inmuebles rehabilitados y rebajas fiscales específicas para colectivos vulnerables: jóvenes, personas con discapacidad, familias numerosas, víctimas de violencia de género y residentes en zonas rurales o en riesgo de despoblación.
El documento concluye que, para tener éxito, el nuevo plan estatal debe ser fruto de la cogobernanza real entre el Estado y las comunidades autónomas, mediante el diálogo y el respeto institucional. También insiste en que las decisiones deben adoptarse por consenso, tal como establece el reglamento de la Conferencia Sectorial de Vivienda.
Con esta propuesta, las comunidades del PP pretenden marcar el rumbo de la política de vivienda en los próximos años y ofrecer soluciones estructurales al problema del acceso a un hogar digno en España.
