La Policía sitúa a Aberchán como "líder" de la organización criminal que se investiga

La Policía Nacional sitúa al presidente de Coalición por Melilla, Mustafa Aberchán, como "líder" de la organización criminal que investiga actualmente el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de la ciudad. En un voluminoso atestado incluso define cómo funcionaba la red piramidal mediante la que Aberchán conseguía recursos públicos de la Ciudad Autónoma para la compra de votos en las elecciones de 2023, no solo en forma de contratos menores de obras y servicios, sino también a través de alimentos y compra de borregos.

Se estima la existencia de cuatro niveles en cuya cima estaría el histórico presidente cepemista, cada una de ellas con unas tareas definidas cuyo primordial fin "es conseguir menoscabar la democracia mediante un fraude masivo del voto por correo adquiriendo por medio de contraprestación económica, de forma directa e indirecta, el sobre conteniendo la documentación electoral", señalan los funcionarios policiales.

Los investigadores incluso llegan a señalar que no se está frente a un grupo más o menos grande dedicado a la comisión de fraudes continuados en la adjudicación para las compra de votos, sino ante una "verdadera organización criminal en mayúsculas". Ésta habría estado activa, según afirman, desde al menos el año 2008 "con un claro liderazgo, con una maquinaria perfectamente engrasada con el paso de los años y las sucesivas citas electorales".

Asimismo, se establece en el atestado que se trata de un "extenso entramado delictivo que operaría desde la esfera política concertándose con los escalones inferiores adjudicándoles de forma repetida y continuada cientos de contratos menores a otros integrantes de la organización con una notable capacidad de influencia sobre la población, especialmente en los barrios de la periferia de Melilla, donde las necesidades de los residentes los convierten en los votantes perfectos para instalar la mecánica delictiva de la compra de votos".

Escalones

La parte alta de la pirámide sería el escalón A y estaría integrado, siempre según la Policía Nacional, por los cargos de CpM, fundamentalmente sus consejeros en el anterior Gobierno que presidía Eduardo de Castro. Ellos llevarían la dirección política, la "contratación fraudulenta" para los miembros del escalón B, así como de todo el entramado. Sus "funciones de campo" serían acercarse a los barrios deprimidos para aparentar empatía y dar seguridad a la petición del voto pero sin implicarse personalmente en la compra. Junto a los ya exconsejeros estarían dos empresarios muy vinculados a CpM y enormemente beneficiados por esos contratos menores.

Esos empresarios formarían parte de la estructura del partido y serían cabezas visibles en las reuniones, así como en los chats desde donde se organizaba toda la operativa política y logística del partido. En la cúspide de esa pirámide estaría, de acuerdo con el atestado policial, Mustafa Aberchán.

Por debajo se encuentra el escalón B, adjudicatarios de contratos menores y de máxima confianza de los miembros del escalón A, a los que incluso les unen lazos familiares. Todos ellos se conocerían muy bien los barrios caladeros de votos para CpM. Es más, muchos tienen múltiples antecedentes y vínculos con el crimen organizado.

La Policía incluso resalta el hecho de que "no escatiman en el uso de la violencia y la intimidación" para conseguir sus fines, lo que les llevó a crear una "atmósfera intimidatoria" siempre en busca de los intereses que favorecieran a los cepemistas. Para ello también utilizaban dádivas, promesas o recompensas con respecto a su situación laboral o familiar, como subvenciones o viviendas.

Sus funciones irían desde reclutar a los miembros del escalón C a implicarse directamente en la compra de votos, "establecimiento puntos de control y captación en los barrios" a los que pertenecen estas personas.

El escalón C, por su parte, están los afines al partido, los que son requeridos por el escalón B para manejar los barrios más vulnerables. Son residentes en esas mismas zonas y extienden el miedo, dice la policía, porque se les conocen sus numerosos antecedentes penales, la mayoría por delitos violentos.

Se les contrataba para controlar los barrios objetivos del escalón A y se repartían las zonas. Su labor era captar votantes o forzarlos si fuera necesario "mediante la intimidación y la violencia". Sus principales víctimas eran las personas mayores y de escasa formación, además de "jóvenes callejeros", muchos de ellos drogodependientes. Como conocían bien los barrios, se encargaban de reclutar a los del escalón D, que funcionaban a modo de "coche escoba".

"Los miembros de los escalones B y C tienen disponibilidad presupuestaria obtenida del escalón A para que se encarguen del pago masivo de votos".

Y finalmente está el escalón D, personas con antecedentes penales a los que "el partido contrata para la ocasión". El modo de pago era proporcional al número de votos por correo obtenidos. "Los votos que consiguen son inmediatamente entregados a los miembros del escalón C o B que han contratado sus servicios, siento éstos los que almacenan el grueso de los votos".

Conclusión

La conclusión a la que llegan los investigadores en el citado atestado es que esos hechos delictivos nunca habrían sido posibles "sin una potente organización".

Todas estas cuestiones son la consecuencia de las investigaciones realizadas y que resultan avaladas por el hallazgo de documentos redactados por los propios investigados. "Ellos mismos dibujan su propia organización delictiva, la división geográfica de los barrios, el número de implicados, la coordinación entre los mismos, el uso dirigido de comportamientos violentos y los lugares de ocultamiento de los votos".

Obediencia ciega

La organización criminal, según los investigadores, disponía de una "disciplina y control interno" directamente relacionados con la "obediencia ciega al líder" Mustafa Aberchán. Éste ejercía el liderazgo, dice la Policía, "sin que nadie se oponga a sus decisiones y si se ve comprometido o peligran sus objetivos, no dudan en hacer uso de la violencia".

Y así ocurrió, manifiesta el atestado, con un ciudadano que le recriminó a la entonces consejera de Hacienda, Dunia Almansouri, que no se hubiese cumplido la promesa de darle un empleo a él o a alguien de su familia. Esta persona recibió una paliza que lo mantuvo en estado grave e incluso las heridas aconsejaron su traslado a la península para ser atendido. Presentó denuncia pero poco después la retiró.