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La Plataforma de Interinos Docentes de Melilla carga contra los baremos del proceso de estabilización

Anuncian la posibilidad de iniciar iniciativas judiciales

La Plataforma de Interinos Docentes de Melilla carga contra los baremos reflejados en el proceso de estabilización. Anuncian la posibilidad de iniciar iniciativas judiciales.

La Plataforma de Interinos Docentes de Melilla (Pidomel) ha expuesto en un comunicado elaborado por la junta directiva, su rechazo a los baremos provisionales del proceso de estabilización en educación.

La Plataforma muestra su repulsa a la admisión de funcionarios fijos en el proceso. Califican este hecho como "una ilegalidad flagrante de la normativa española". Afirman que un funcionario fijo no puede participar, en ningún caso, en un proceso de estabilización de empleo o en un concurso por una plaza fija, ya que disponen de una.

Denuncian que el Ministerio de Educación y Formación Profesional convierte el proceso de estabilización de interinos en un concurso de traslados de propietarios fijos. Pidomel sostiene que el Ministerio "se ríe" de la Unión Europea (UE) y relaciona este hecho con las sanciones que la UE ha impuesto a nuestro país por incumplimientos normativos.

Se muestran sorprendidos de los errores, que denuncian, se han cometido en el proceso de baremización, incluso los miembros de la junta directiva de la Plataforma se han visto afectados. Afirman que el proceso es automatizado y electrónico.

Por último, Pidomel anuncia que han informado de esta situación "irregular" a sus servicios jurídicos y, no descartan iniciar las iniciativas judiciales correspondientes si procediese.

Proceso de estabilización

Los procesos de estabilización son una oferta pública de empleo que tienen el objetivo de reducir la interinidad en la Administración Pública. Se desarrolla a través de una oposición, en la cual, los méritos representan el 40 % de los puntos.

La UE recomendó al Gobierno de España disminuir la temporalidad en el empleo público a un 8 %, por lo que el Gobierno Central aprobó la Ley 20/2021, del 28 de diciembre;de la que se derivaron una serie de medidas de estabilización en el sector público.

 

 

 

 

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