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El pago de las facturas que la Administración adeuda parece la única solución al conflicto laboral. La plantilla de Serramar en Melilla volvió a concentrarse ayer frente a la Delegación del Gobierno para exigir el pago de las nóminas atrasadas que le adeudan. Lo hicieron por segunda vez esta semana y reconociendo, como lo hacía su representante sindical en UGT, Dámaso García, que “no hay novedad alguna”. Eso implica que los más de 50 vigilantes de la empresa que prestan servicio en dependencias oficiales, entre ellas el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), siguen esperando que les abonen la nómina de junio y la paga extraordinaria de verano, además de los diez casos en los que tampoco han recibido la de mayo.
La última esperanza es, como insistieron ayer los trabajadores, que las facturas que la Administración tiene pendientes de pago a Serramar pasen por el Consejo de Ministros y la empresa ingrese dinero, algo que, confían, desbloquearía su situación porque ésta se quedaría sin argumentos para no afrontar los pagos. Sin embargo, en la reunión de ayer el tema no se puso sobre la mesa. “Por enésima vez nos han prometido que será ya, pero nunca llega el momento”, se quejaba ayer García.
Mientras tanto, la situación de la plantilla comienza a ser “crítica”. El representante de UGT advirtió de que “los bancos aprietan y están machacando” a los trabajadores, que no pueden afrontar sus deudas. Así, citó el caso de compañeros que están sufriendo embargos de sus vehículos y los de otros que han recibido notificaciones de la interrupción del suministro eléctrico en sus viviendas. El propio Dámaso García denunció, además, “una persecución personal” por denunciar que se le adeudan 2.500 euros.
