La Policía y la Justicia siempre irán un paso por detrás de los delincuentes. No puede ser de otro modo en un sistema democrático sometido al dictado de la ley.
Sin embargo, la continua innovación de procedimientos y medios de los perseverantes candidatos a presidiarios obliga a revisar periódicamente nuestra legislación para adaptarla a la realidad criminal. La propuesta que plantea el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados va en esa línea. Los últimos avances en tecnología de la comunicación han puesto en manos de los terroristas unas armas que es preciso contrarrestar. Para ello policías y jueces no sólo deben equiparse con unos dispositivos similares, sino que también hay que revisar las leyes con el fin de que los ‘capítulos desfasados’ del Código Penal no aten de manos a los agentes y al mismo tiempo impidan poner las esposas a los delincuentes.
Ésa es unas de las principales labores de instituciones como el Congreso de los Diputados: Reconocer las nuevas realidades sociales, detectar los problemas que pueden traer los cambios y adaptar las leyes al estado en el que se encuentren las cosas en cada momento. Es posible cualquier cambio legislativo que se acuerde con la mayoría parlamentaria necesaria y por el procedimiento establecido en cada caso, con la salvedad de que todas las leyes deben someterse siempre los casos a los dictados de la Constitución, que a su vez también puede ser reformada.
Éste es el conocido procedimiento en un sistema democrático, la principal arma de la civilización contra la barbarie totalitarista y salvaje. El procedimiento exige una pulcritud absoluta para reforzar los valores que consolidan un Estado de Derecho y para debilitar los ‘argumentos’ de quienes ven en la debilidad de leyes desfasadas una oportunidad de prosperar de la mano del delito.
Es evidente que el terrorismo es un asunto de Estado. Afecta al conjunto del país y preocupa con la misma intensidad a nuestros aliados, lo que es suficiente justificación para acordar medidas coordinadas, pactar modos de cooperación y sincronizar esfuerzos.
Éticamente no existe posibilidad de sacar rédito político del terrorista. Sería inaceptable que alguna formación hiciera uso de la demagogia en este asunto o que sus diputados acudieran al Parlamento con un manual de retórica bajo el brazo. Del mismo, sería absolutamente inadmisible que un partido justificara eludir el cumplimiento de la ley o defendiera caminar peligrosamente por el límite de la legalidad en lugar de plantear las reformas necesarias en el Código Penal si éste impidiera a jueces y policías hacer su trabajo, unos cambios siempre sometidos a los dictados de la Constitución.
Si es posible una discusión en profundidad para actualizar la ley y convertirla en el mejor arma contra el yihadismo, ¿por qué parece tan difícil seguir el mismo procedimiento frente a la inmigración ilegal con el mismo nivel de responsabilidad por parte de nuestros representantes políticos?
