Que la desaladora hace mucho tiempo que no funciona bien es un hecho constatable y que existe un acta de entrega a la Ciudad de 2024 en la que se deja constancia de la imposibilidad de revisar completamente el funcionamiento de la planta porque no se ha instalado la nueva red eléctrica (competencia del Ministerio de Transición Ecológica a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) que necesita el cuarto módulo para poder trabajar, está fuera de toda duda.
Y dicen los técnicos de Medio Ambiente en un informe por escrito que un año después de haberse firmado aquel acta que "todavía quedan pendientes de resolver varios de los compromisos adquiridos por la CHG y el MITECO, que son necesarios para asegurar el cumplimiento normativo de las diferentes instalaciones de la planta, así como las condiciones de seguridad para los trabajadores". Lo fundamental, la instalación de la nueva red eléctrica que permita y garantice la actividad del cuarto módulo, capaz de inyectar a la red 30.000 metros cúbicos de agua al día.
Mientras que esa capacidad de producción no se alcance ni se reparen las múltiples deficiencias detectadas en la planta, los riesgos de averías y consecuente interrupción del suministro seguirán existiendo; hasta que el cuarto módulo no funcione cien por cien, no hay agua suficiente. Ello, sin contar con que hay un 65% de producto que no está registrado. Esto quiere decir, que no se sabe a dónde va, pero desde luego no a las viviendas controladas y que pagan el consumo.
En definitiva, existe un conflicto de competencias entre los dos gobiernos que definitivamente tendrán que dirimir los tribunales. De hecho, la Ciudad Autónoma ya ha presentado su demanda en la vía administrativa contra el Ministerio de Transición Ecológica, al que responsabiliza del estado de la desaladora y de la negativa a realizar las inversiones esenciales para poner las instalaciones a punto. Es más, el propio presidente Imbroda se ha reunido con los juristas con el fin de iniciar los estudios que exploren la posibilidad de llevar el asunto ante la vía penal.
Mientras la justicia, que no es precisamente ágil, decide, las cosas con respecto al suministro de agua no van a mejorar para muchas familias porque carecen de alternativas a los cortes, como son los bidones (sobre todo, en las viviendas más antiguas) o los aljibes instalados en los pisos más modernos. Esperemos que, al menos, el Ministerio no ponga objeciones a la construcción de una segunda planta en las inmediaciones de Horcas Coloradas para que la Ciudad Autónoma pueda desarrollar el proyecto, consciente como es de que se trata de una infraestructura estratégica, crítica para los intereses de los melillenses.
