El Consejo de Gobierno tuvo ayer conocimiento oficial de la decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Melilla en la que deniega las medidas cautelares solicitadas por Populares en Libertad (PPL) para suspender la aplicación del Reglamento de la Asamblea.
El portavoz del Ejecutivo local, Daniel Conesa, detalló que la Justicia no ha visto indicios de “daños irreversibles” a raíz de la aprobación de la norma. PPL ha sido condenado a pagar las costas judiciales del proceso.
Así pues, la Justicia no accede a la solicitud formulada por PPL, que anunció su decisión de recurrir a los tribunales para frenar el nuevo Reglamento de la Asamblea tras su aprobación en mayo del pasado año, con los únicos votos a favor del Partido Popular (PP) y Coalición por Melilla (CpM).