La juez levanta el secreto de sumario a varias piezas del caso "Santiago-Rusadir"

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, Carmen María Perles Sánchez, ha acordado levantar el secreto de sumario que afectaba a varias piezas del denominado caso “Santiago-Rusadir”, una investigación judicial abierta por presuntos delitos de organización criminal, fraude electoral, malversación, blanqueo de capitales y financiación ilegal de partidos políticos, entre otros. La decisión afecta a la causa principal y, más concretamente, a tres de las piezas separadas del procedimiento.

Según el auto judicial, fechado el pasado 6 de mayo, el levantamiento del secreto alcanza a la causa principal y a las piezas primera, cuarta y quinta de las diligencias previas 141/2023. Por el contrario, la magistrada mantiene el secreto sobre la pieza sexta y sobre la segunda pieza separada, aunque prevé un levantamiento parcial de esta última en un plazo aproximado de diez días debido a incidencias técnicas relacionadas con la gestión informática del procedimiento.

La investigación judicial se inició en abril de 2023 y se estructura en una causa principal y seis piezas separadas. En la principal se investigan presuntos hechos relacionados con una supuesta organización criminal dedicada a manipular procesos electorales celebrados en Melilla desde el año 2019 mediante la compra de voto por correo y un sistema organizado de control de población basado en una presunta base de datos ilegal obtenida inicialmente del padrón municipal.

La pieza primera estuvo destinada a las intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente, mientras que la segunda se centró en el análisis y volcado de dispositivos electrónicos y sistemas de almacenamiento de datos intervenidos durante registros y detenciones practicadas en el marco de la causa.

En la pieza tercera, cuyo secreto ya había sido levantado anteriormente, se investigan supuestas adjudicaciones fraudulentas de contratos públicos. El auto sostiene que dichas adjudicaciones habrían servido presuntamente para financiar gastos relacionados con la compra de voto por correo y para retribuir a colaboradores de la supuesta trama. Según recoge la resolución, este sistema habría afectado a “centenares de expedientes de adjudicación” a través de consejerías dirigidas por miembros de CpM.

Por otro lado, la pieza cuarta se refiere a un presunto blanqueo de capitales derivado de beneficios obtenidos mediante adjudicaciones presuntamente irregulares. La juez señala en el auto que existen indicios de que parte de las supuestas “mordidas” habría sido utilizada por algunos investigados para beneficio personal.

La quinta pieza separada se centra en una posible financiación ilegal de partido político, mientras que la sexta, abierta en octubre de 2025, investiga hechos que surgieron a raíz de nuevas diligencias practicadas durante la instrucción, pero cuyo contenido no se ha dado a conocer. Precisamente esta última continúa bajo secreto al considerar la magistrada que el conocimiento de las actuaciones podría perjudicar el desarrollo de las investigaciones aún abiertas.

El auto explica que desde octubre de 2025 se han ido incorporando informes policiales relativos al contenido de dispositivos electrónicos considerados relevantes dentro de la investigación. El último de estos informes fue incorporado el pasado 16 de abril y remitido a las partes el 29 del mismo mes. Tras examinar esa documentación, la magistrada considera que el levantamiento parcial del secreto ya no compromete las medidas de investigación que pudieran adoptarse.

La resolución judicial llega semanas después de que la instructora acordase ampliar durante otros seis meses la instrucción del caso “Santiago-Rusadir”, decisión que fue recurrida por algunas de las partes personadas en el procedimiento.

Además, la instructora recuerda que contra este auto cabe interponer recurso de reforma y apelación. La resolución también advierte de que la difusión del contenido de las actuaciones a terceros deberá realizarse previa disociación de los datos personales y con pleno respeto al derecho a la intimidad, así como a la protección de víctimas o perjudicados cuando proceda. El levantamiento parcial del secreto permitirá ahora a las partes personadas acceder a una parte sustancial de las diligencias, después de meses de investigación reservada.

La medida marca un nuevo avance en una causa que continúa abierta y en la que aún quedan diligencias bajo reserva judicial para preservar el resultado de la investigación.